Los españoles volverán a votar el 10 de noviembre, en la segunda repetición de unas generales del periodo democrático actual, tras el primer caso vivido en 2016 con el 'popular' Mariano Rajoy entonces al frente del Gobierno.
Desde los comicios de diciembre de 2015, las del 10 de noviembre serán las cuartas generales que España celebra en los últimos cuatro años.
La fragmentación del Parlamento surgida de los comicios generales del año 2015, cuando Ciudadanos y Unidas Podemos irrumpieron con fuerza en el Congreso de los Diputados, ha ido pareja a una dificultad mayor de los partidos para ponerse de acuerdo y formar gobierno.
Ocurrió en 2016, cuando Rajoy no sumaba mayoría absoluta sólo con Ciudadanos y dependía de la abstención del PSOE para ser investido, requisito que logró tras una repetición de las elecciones, cuando la presión de ir a unas terceras elecciones forzó la abstención de los diputados socialistas con un elevado coste: su líder, Pedro Sánchez, que se resistía a investir a Rajoy, fue defenestrado de la dirección del partido por sus críticos y la formación quedó fracturada en dos mitades.
Hoy es Sánchez el que está en La Moncloa y aspira a que el resto de partidos reconozca su legitimidad como fuerza más votada y le permitan gobernar. Tiene a su favor un argumento con el que no contaba Rajoy en 2016: la inexistencia de una suma alternativa que no pase por el PSOE presidiendo el Gobierno. Sánchez llegó a intentar un Gobierno alternativo al de Rajoy, tras pactar con Ciudadanos, pero el rechazo de Podemos lo impidió.
EL PSOE BUSCA REFORZARSE COMO PRIMERA FUERZA
Como ocurrió con el PP en 2016, el Gobierno afronta la repetición electoral con la confianza de ganar unos escaños más que refuercen su posición como primera fuerza y la relativa tranquilidad que ofrecen las encuestas, ninguna de las cuales detecta una posible suma de las tres derechas.
Tras los nuevos comicios, en la dirección del PSOE esperan que la presión sobre la oposición para que permita formar gobierno sea mayor que la habida desde el 28 de abril.
Inmediatamente después de los comicios de abril, el PSOE comenzó a pedir la abstención de PP y Ciudadanos en la investidura ya que su aspiración era gobernar en solitario --y no en coalición como exigía Podemos-- apoyándose en unos y otros partidos en función del tipo de leyes que quisiera aprobar, bajo la fórmula de la geometría variable.
Esa opción habría permitido a Sánchez superar la investidura sin depender del apoyo o abstención de los partidos independentistas, y dejaría a PP y Ciudadanos sin argumentos para hacer oposición al Gobierno denunciando pactos ocultos del PSOE con los secesionistas.
Constatada la negativa de PP y Ciudadanos a abstenerse, Sánchez centró sus esfuerzos en intentar persuadir a Unidas Podemos con diversas fórmulas de colaboración que no pasaban por la coalición que exigía Pablo Iglesias. Pero ni la posibilidad de nombrar ministros independientes en el Gobierno ni la de ocupar cargos intermedios en la Administración del Estado fueron ofertas asumibles para los morados.
La renuncia inesperada de Iglesias a sentarse él en el Consejo de Ministros forzó a Sánchez a presentar en el último momento, horas antes de que se votara la investidura de julio, una propuesta de coalición a Unidas Podemos que daba entrada en el Consejo de Ministros a la 'número dos' de la formación, Irene Montero, con una vicepresidencia social. Además, se reservaban otros tres Ministerios sociales para los de Iglesias.
Pero el líder de Podemos dijo también no a esa proposición, confiando en que en septiembre podría mejorar la oferta del PSOE. Pero los socialistas cumplieron su amenaza de que no habría segundas oportunidades en septiembre y se han limitado a ofrecer a Podemos un acuerdo programático y la entrada de algunos de sus miembros en organismos del Estado que no estén supeditados al Consejo de Ministros.
Para explicar su negativa a recuperar la oferta de julio, los socialistas argumentan que fue en ese preciso instante cuando se convencieron de que Podemos aspira a sentarse en el Consejo de Ministros para dar lugar a "dos gobiernos en uno", sin garantizar la necesaria lealtad al presidente, que no quiere formar un ejecutivo inestable y verse abocado a adelantar elecciones en seis meses o un año.
