La repetición de las elecciones va a obligar al Gobierno a aprobar una ampliación de crédito para poder pagar los gastos de la maquinaria electoral, con un presupuesto inicial que se acerca a los 140 millones de euros. Serán así 540 millones los gastados de 2015 a 2019 en las cuatro elecciones generales celebradas.
El procedimiento es el mismo que el de abril, porque tampoco aquellas elecciones estaban previstas. El Consejo de Ministros aprobó el 1 de marzo una ampliación de crédito por 134,84 millones de euros con cargo al Fondo de Contingencia, fondo que sirve para pagar necesidades imprevistas y que no se pueden aplazar, como es el caso.
En esta ocasión se tendrá que repetir la fórmula. El presupuesto inicial es el mismo que el de las generales de abril, 138.961.516,72 euros, según han confirmado a Europa Press en el Ministerio del Interior, el encargado de la organización. Con ello se paga desde el trabajo de Correos para hacer llegar el voto a distancia o la propaganda, hasta la impresión de papeletas y sobres o el despliegue de los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Al margen de este gasto quedan las subvenciones a los partidos políticos para los gastos electorales, que no se incluyen en este presupuesto. El Gobierno deberá aprobar también un decreto fijando las cantidades.
180.000 PERSONAS, EN LAS MESAS ELECTORALES
Sólo el trabajo de Correos supone el 40,6% del presupuesto total, el capítulo más caro, 56,5 millones de euros para tramitar el voto a distancia, los avisos a los miembros de la mesas electorales, los recursos, la propaganda electoral, etc.
Otro 14,5% del gasto presupuestado (20 millones) se lo lleva lo que se denomina administración electoral. Recoge el coste de las Juntas Electorales, que son las que supervisan el proceso, y el de las mesas de votación, en las que trabajaron 180.114 personas en las elecciones de abril. Cada una de ellas cobra una dieta de 65 euros por la jornada y tiene derecho a una reducción de la jornada laboral al día siguiente.
También es importante el coste de las telecomunicaciones y la difusión del escrutinio, del que se encarga una empresa. Para elegirla tendrá que convocarse de nuevo un concurso, que en las pasadas elecciones generales ganó Indra, por 7,44 millones de euros, por debajo de los 10 millones que como máximo preveía gastar el Ejecutivo.
La empresa elegida se encarga de distribuir la información del recuento, pero también dará apoyo informático a las Juntas Electorales e integrará los resultados definitivos en la base de datos de los resultados electorales del Ministerio del Interior.
El presupuesto del gasto electoral incluye también el coste de organizar los colegios electorales, los millones de papeletas y sobres, el montaje de mesas urnas y cabinas de votación o el traslado de los electores que lo necesitan, una logística que se repite unas elecciones tras otras (13,1 millones).
También se paga el despliegue policial (14 millones presupuestados) y de representantes de la Administración (7,2 millones), el coste de la Oficina del Censo Electoral (5,8 millones) o la colaboración de los ayuntamientos (7 millones de euros).
