El gobierno australiano anunció este jueves que enmendará su ley de discriminación sexual para permitir que se denuncie a jueces y legisladores, semanas después de estallar un escándalo de presuntas violaciones en el seno del Parlamento y que llegaron a implicar a un miembro del Gabinete.
Los legisladores y jueces, que actualmente se encuentran bajo una protección legal que les deja inmunes frente a denuncias sexuales, "estarán sujetos a la ley como cualquier persona, lo que supone que estarán sujetos a las mismas consecuencias", dijo ante los medios la fiscal general de Australia, Michaelia Cash, al explicar la propuesta legislativa sobre el acoso sexual laboral.
Las enmiendas, que se presentarán este año al Parlamento, son parte de la respuesta del gobierno del primer ministro Scott Morrison a las 55 recomendaciones de un informe sobre Respeto Laboral que recibió en enero.
El anuncio del gobierno australiano se da poco después del escándalo político que estalló a mediados de febrero cuando Brittany Higgins, exasesora del partido de Morrison, denunció que fue violada en 2019 por un compañero de trabajo en una oficina del Parlamento.
Además de otras tres denuncias contra este presunto violador, surgió otra contra el entonces fiscal general Christian Porter, ahora ministro de Industria, por una presunta violación de hace más de 30 años, que él niega y que la Policía archivó por falta de pruebas tras la muerte en 2020 de la supuesta víctima.
Morrison, quien recompuso a finales de marzo su Gabinete tras el escándalo, señaló que la respuesta al informe es "una hoja de ruta para el respeto" y que con ella pretende "crear una cultura de conducta respetuosa en los centros de trabajo de Australia".
Según datos de la Comisión Australiana de Derechos Humanos, un 39 % de las mujeres y un 26 % de los hombres han sufrido acoso sexual laboral, una conducta que el mandatario australiano tachó de "inaceptable, inmoral y despreciable e incluso criminal".
