“injusticias”
Trabajadora del Ayuntamiento desde hace trece años, Antonia García narró su historia desde que en el año 2006 pasa a ser funcionaria auxiliar administrativa del SAC. Antonia García expuso que en el año 2008, el concejal de Personal, José María Fernández Galiano, la llama a su despacho y le comunica que se van a realizar una serie de cambios por lo que se la iba a trasladar de su puesto llevándola de auxiliar archivadora del archivo administrativo, traslado que no es del agrado de la funcionaria. “Le pido explicaciones y me dice que quiere gente de su confianza, de su imagen política, que tengo que entender sus presiones políticas, y yo me niego a ese traslado porque lo considero injusto, le pido que me lo dé por escrito y me hace una comisión de servicios forzosa al archivo administrativo”.
En este tiempo, continúa la funcionaria, “me encuentro completamente sola, intento hacer el trabajo que me mandan y ni siquiera está instalado el sistema informático, no hay trabajo, a los pocos días empiezan a llevarlo, pero nadie me atiende, nadie me explica, nadie me escucha y me dice cómo tengo que hacer ese trabajo. Estoy así durante ocho meses en un rincón, sola, sin hablar, y me hacen sentirme bastante mal”.
Añade que, anteriormente, intenta hablar con el alcalde y la explicación que le da es que una de sus funciones es esa, el poder hacer estos traslados, “y que si no estoy de acuerdo me vaya a los sindicatos y al contencioso, y así lo hago, pero la justicia va muy lenta y llevamos año y medio detrás de esto”.
Finalmente, en el mes de noviembre, obtiene una sentencia que considera que lleva razón en sus alegaciones y dictamina que su traslado no se ajusta a derecho. “Además, tengo que añadir que cuando a mí se me hace el traslado, la mujer del concejal de Agricultura es colocada en dicho servicio y otra persona afín al Partido Socialista” puntualizó la funcionaria. Con la sentencia en la mano, Antonia García solicita la vuelta a su puesto, y después de tres meses, la sentencia no se cumple, “desestiman la petición de la vuelta a mi puesto y me dicen que hasta que no lo den por orden judicial no lo van a cumplir”, explica.
El pasado 5 de marzo, Antonia García Cruz recibe la resolución judicial por la que un juez dictamina que la tienen que devolver a su puesto.“Yo quiero explicar que denuncio esta situación porque considero que se me ha atropellado como persona, como trabajadora, que lo he pasado muy mal, mi familia también”.
apoyo incondicional
Por su parte, Andrés Blázquez manifestó que Leocadio Marín y José María Fernández Galiano han venido a Baeza a pisotear los derechos de los trabajadores, a imponer en Baeza el interés de su partido y de determinadas empresas, “y a convertir el Ayuntamiento en un cortijo, su cortijo”. Según Blázquez, del Ayuntamiento de Baeza no solamente es responsable el alcalde Leocadio Marín, sino que también son responsables todos aquellos que con su silencio y su comportamiento ayudan a cometer estas “tropelías”.
Destacó que ahora los responsables del Ayuntamiento deben responder . “Si tuvieran decencia y vergüenza políticas tendrían que presentar la dimisión, pero no lo harán, porque no creen en la responsabilidad, no creen en la libertad, se saben inmunes y son capaces de intentar no cumplir las sentencias de los juzgados” aseveró Blázquez. “Afortunadamente, continuó, un juez ha tenido la valentía, de afirmar que esto es un atropello y que inmediatamente repongan a la trabajadora en su puesto de trabajo. Espero que la Audiencia Provincial tenga la misma valentía y haga que se instruya la denuncia que por presunta prevaricación está todavía en los tribunales”.
