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Sevilla

Emvisesa incorporará al parque municipal 126 pisos con el programa de compras

La empresa municipal dispone de 7,7 millones para las próximas compras, un plan con el que se han alcanzado las 2.802 viviendas

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  • Emvisesa. -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Empresa Municipal de Vivienda, Emvisesa, ha cerrado ya la compra de 66 viviendas por un importe de 3,6 millones de euros y tiene ya en trámites otras 126 operaciones a raíz de la última campaña puesta en marcha el pasado mes de octubre. En total, quedan disponibles 7,7 millones de euros para las próximas compras que permitirán seguir incrementando un parque público de viviendas que en estos momentos alcanza los 2.802 inmuebles gracias a los incrementos que se han logrado en los últimos años a través de programas de adquisiciones de viviendas, permutas o la recuperación de pisos vacíos. Junto a esto, ya han comenzado las obras de las primeras nuevas promociones de viviendas del plan municipal, concretamente en los suelos de Cisneo Alto. Estos datos fueron expuestos en el último consejo de administración de la empresa municipal junto al balance de la oficina municipal por el derecho a la vivienda digna, que ha cerrado 2020 con 1.660 expedientes de personas en riesgo de pérdida de vivienda y al nuevo programa de ayudas emprendedores y asociaciones con locales alquilados a la empresa municipal por un importe de 200.000 euros.

“Después de casi seis años, es evidente la transformación que han experimentado las políticas de vivienda en la ciudad y la reactivación que se ha producido en la empresa municipal Emvisesa con un papel importante como motor económico y con un marcado perfil social. Supo adaptarse a las necesidades que tenía la ciudad en 2015, después desarrolló medidas para contribuir a la fase de crecimiento que hemos vivido y ahora ha ajustado prioridades para afrontar las consecuencias sociales y económicas de la crisis sanitaria. Las políticas de vivienda, que son una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, conforman una prioridad para el gobierno de la ciudad”, ha dicho el delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura Antonio Muñoz, quien ha explicado algunas de las medidas impulsadas por la empresa y presentadas en el último consejo de administración en relación con la ampliación del parque público, la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda y las ayudas por las consecuencias económicas y sociales de la crisis sanitaria, junto al delegado de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social, Juan Manuel Flores, y el gerente de Emvisesa, Felipe Castro.

Compra de viviendas


La Empresa Municipal de Vivienda Pública inició las campañas para la adquisición de viviendas vacías en 2018, que luego se consolidaron en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo aprobado en diciembre de ese año. El Ayuntamiento cuenta con financiación a través de una entidad bancaria y del ICO que alcanza los 11,3 millones de euros para realizar este tipo de operaciones. Hasta el momento se han culminado 66 expedientes, lo que ha supuesto un desembolso de 3,6 millones de euros con un precio medio de compra por vivienda de 54.912 euros. A raíz de la última campaña, a finales de 2020, se han recibido ya 355 nuevas solicitudes de las cuales 126 han sido evaluadas como operaciones válidas que se están ya evaluando para su ejecución.

Para ello, el presupuesto disponible es de 7,7 millones de euros. Esta convocatoria está abierta y, por tanto, cualquier titular de un inmueble de la ciudad de Sevilla puede consultarla y presentar su propuesta siempre dentro de unos requisitos establecidos y de un margen presupuestario. En estos momentos, las operaciones tendrán un coste máximo de 118.000 euros previa tasación por parte de Emvisesa.

Balance de la OMDV

En cuanto a la oficina municipal por el derecho a la vivienda digna creada en mayo de 2016, Juan Manuel Flores ha destacado que “se ha consolidado como un servicio fundamental para la atención a las familias con graves problemas de forma coordinada con los Servicios sociales para garantizar que ninguna familia en la ciudad pueda perder su hogar si tener una alternativa habitacional disponible adaptada a su situación socioeconómica”.

Desde que se puso en marcha se han tramitado 1.660 expedientes de personas en riesgo de perder sus viviendas, de los cuales pertenecen al año 2020 un total de 268. Esta cifra no supone un incremento respecto a ejercicios anteriores. De hecho, siguen siendo los primeros meses de funcionamiento de la OMDV (segundo semestre de 2016 y 2017) cuando se ha registrado un mayor volumen de peticiones de ayuda por riesgo de perder la vivienda.

Flores ha resaltado en relación con estos datos que el 74% de los expedientes se han resuelto, que no hay ninguna persona/familia que haya completado el proceso y que no haya alcanzado o un acuerdo o una alternativa habitacional acorde con sus ingresos y que el 21% de los expedientes (361) que han llegado se corresponden con población en situación vulnerable que cumple los requisitos de ingresos para obtener lo que se denomina un certificado de excepcionalidad. En estos casos les corresponde una vivienda social que se ha tramitado ya o se está tramitando desde Emvisesa.

Hay expedientes abiertos en todos los distritos de la ciudad. Pero los más numerosos siguen siendo Cerro-Amate, Norte y Este-Alcosa-Torreblanca, que son también los más poblados. De los expedientes registrados los más habituales son inquilinos con problemas de pago de alquiler (592 casos) seguido de ocupaciones ilegales (427) y de viviendas en propiedad (290). La mayor parte de los expedientes (53%) siguen teniendo relación con entidades bancarias aunque los particulares alcanzan ya el 31%. En cuanto a las resoluciones, destacar también que en el 12% de los casos se han logrado acuerdos con los propietarios y que sólo un 4,8% se han negado a entablar esa negociación. Este porcentaje se ha reducido en los últimos años, lo que refleja una mayor disposición al diálogo y a la búsqueda de acuerdos extrajudiciales.

Medidas de ayuda ante la COVID-19

Por último, el consejo de administración abordó las medidas adoptadas por la empresa de vivienda en relación con la adaptación a las consecuencias sociales y económicas de la crisis sanitaria. Emvisesa, como titular de un parque público de viviendas en alquiler y de locales comerciales, ha adaptado durante el año 2020 su gestión a las consecuencias sociales y económicas de la crisis sanitaria. Durante todo el año se han venido configurando medidas orientadas a la protección de inquilinos y a adaptar las cuotas y pagos a su situación. En este sentido, se ha articulado un protocolo para que todos aquellos inquilinos que hubieran sufrido una reducción de ingresos que haya provocado que la cuota de alquiler supere el 30% de los ingresos podrían acceder a una reducción en las cuotas. También se ofertó una permuta de viviendas para hogares que no pudieran asumir las rentas, posibilidad a la que se acogieron tres personas.

En cuanto a los locales comerciales, Emvisesa es titular en estos momentos de 260 locales de negocios y entidades sociales, 50 talleres en el Parque de Arte SAcro y 11 oficinas. La empresa municipal gestionó durante el pasado año protocolos para facilitar aplazamientos y fraccionamientos de los pagos de rentas a todos los negocios instalados. Pese a esto, son muchos los negocios y proyectos que están atravesando graves dificultades.

El objetivo de Emvisesa es que los locales sigan contribuyendo a la reactivación económica y que ejerzan como dinamizadores de la actividad en muchos barrios. Por eso, la pasada semana la comisión ejecutiva de Emvisesaaprobó una convocatoria extraordinaria de ayudas por un importe de 200.000 euros destinada a todos los emprendedores y entidades que tienen locales de Emvisesa. Concretamente, 170.000 euros irán destinados a emprendedores y autónomos y 30.000 euros, a entidades sociales. Este dinero se destinará a gastos de alquiler dentro de las dos fórmulas que se plantean: o una amplia moratoria para los pagos o una reducción de las cuotas. Para la concesión se establecerá un baremo que valorará el efecto que ha tenido sobre su actividad el estado de alarma, las inversiones realizadas, los puestos de trabajo o las dimensiones del local.

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