La Fiscalía ha solicitado de nuevo al Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que investiga el proceso de adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes (Aznalcóllar) a la agrupación empresarial México Minorbis pese a mediar una oferta económicamente superior por parte de Emérita Resources España, que archive las mencionadas actuaciones, toda vez que dicha instancia judicial no aprecia ya "diligencias de investigación pendientes de practicar" y había pedido a las partes que se pronunciasen sobre "el curso del procedimiento" judicial.
Como ha avanzado la Cadena Ser y han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio Público, tras aquella petición de la juez instructora a las partes personadas en el procedimiento judicial, la Fiscalía ha reclamado ya por tercera vez el sobreseimiento de las diligencias.
En su providencia, fechada el pasado 13 de marzo antes de la entrada en vigor del estado de alarma por la pandemia de Covid-19 y recogida por Europa Press, la juez instructora Patricia Fernández Franco exponía que "teniendo en cuenta que no existen actualmente diligencias de investigación pendientes de practicar", era necesario "conferir traslado a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por un plazo de diez días para alegaciones sobre el curso del procedimiento".
Tras ello, tanto Emérita Resources España como Ecologistas en Acción han solicitado continuar con las diligencias, frente a lo cual la representación de México Minorbis se oponía avisando de un "nuevo y enésimo intento de alargar innecesariamente" la instrucción de la causa.
Mientras los ecologistas esgrimían un informe del área de calidad de aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y otro del Instituto Geológico Minero de España (IGME), incluidos en el expediente de solicitud de vertido del actual proyecto de reapertura de la mina, porque "ambos informan desfavorablemente ese vertido, por sus consecuencias tóxicas", México Minorbis ha alegado que "los trámites autorizatorios del vertido" del actual proyecto constituyen una "cuestión totalmente ajena e independiente" al procedimiento de adjudicación de los derechos de explotación de la corta minera.
DESDE 2015
La causa judicial parte de la denuncia inicial de Emérita Resources España, que competía con México Minorbis en el concurso promovido por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de explotación del complejo minero de Aznalcóllar.
Tras ser resuelto en 2015 el concurso en favor de la propuesta del grupo México Minorbis, Emérita Resources interpuso su demanda por la vía Penal, apreciando presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude en la adjudicación de los derechos de explotación de la mina a dicho grupo.
La juez instructora Patricia Fernández Franco ha archivado en dos ocasiones las diligencias incoadas tras la denuncia inicial de Emérita Resources España, pero en ambas ocasiones la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, en la que figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, ha ordenado la reapertura de la investigación.
Entre los investigados figuran Juan José García Bartolomé como gerente de la sociedad de capital de riesgo Invercaria; el exsecretario general de Innovación de la Junta y expresidente de la SEPI Vicente Cecilio Fernández; la exdirectora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto; o los hermanos I.L.M. y M.L.M., ambos representantes de Magtel, que participa del grupo México Minorbis; entre otros.
EL ÚLTIMO INFORME DE LA UCO
En un reciente informe de la UCO, los investigadores de la Guardia Civil consideran que, una vez analizada toda la documentación, no se puede determinar "la existencia de ninguna compensación de tipo laboral o retributiva" para los funcionarios o técnicos que formaron parte de la mesa de contratación constituida por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de explotación de la mina allá por 2015.
Según reza en el informe, recogido por Europa Press, los únicos que obtuvieron puestos de "más relevancia" fueron el entonces secretario general de Innovación Vicente Fernández y la directora general de Minas María José Asensio, que fueron nombrados interventor general de la Junta y viceconsejera, respectivamente, "ambos puestos políticos", y una funcionaria que cambió "a un destino de mayor nivel".
"El resto de las personas investigadas no obtuvieron puestos de trabajo que, en vistas del complemento de destino, supusieran un aumento significativo de sus retribuciones o en la relevancia del puesto de trabajo", señala el informe, concluyendo que el análisis de la información fiscal y tributaria analizada "no ha arrojado ningún dato reseñable relacionado con las personas que componen dicho círculo personal".
