La plataforma de afectados por la listeriosis, creada por el bufete Ateneo Abogados, ha presentado un escrito a la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, que investiga la causa por el brote de listeria producido este pasado verano relacionado con el consumo de productos de la empresa Magrudis, en el que solicita que cite a declarar a técnicos del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía.

En el escrito judicial, formulado por el letrado de la plafaforma, Germán Grima, al que ha tenido acceso Europa Press, pide a la juez que le tome declaración a los representantes de las direcciones territoriales de Huelva y Sevilla, compuestas por el jefe del servicio de salud de Huelva y jefes de sección Epidemiológica y Seguridad Alimentaria de ambas provincias, así como al subdirector de Protección de Salud, al jefe del servicio de Epidemiología y a los asesores y técnicos cualificados de ambas áreas.

Todo ellos asistieron a la reunión producida a través de videoconferencia del día 9 de agosto de 2019, cuyo objetivo fue programar el protocolo básico de actuación con el que afrontar la crisis sanitaria con el fin de minorar los efectos de la misma.

De igual manera, solicita que llame a declarar a los técnicos del Ayuntamiento de Sevilla que tomaron las muestras de superficie de las instalaciones de la empresa de fecha 23 de agosto de 2019, y que se declare al Ayuntamiento y a la Junta como responsables civiles subsidiarios.

El letrado manifiesta que, según se ha ido desarrollando la instrucción del procedimiento contra Magrudis y la forma de actuación para la erradicación del brote por parte de las administraciones, están "constatando que no se ha actuado diligentemente por parte del Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía".

En el escrito se especifica que mientras que el protocolo de actuación comienza a practicarse el día 9 de agosto de 2019, "la alerta sanitaria no fue declarada hasta el día 15, suponiendo esto una grave demora en su establecimiento e información al conjunto de la población, lo cual derivó en nuevos casos de infección".

Para la plataforma, este primer protocolo elaborado el 9 de agosto "falla en todos los sentidos, no siendo suficientes dichas medidas para erradicar la propagación del brote de listeriosis, encontrándose con afectados que llegaron a consumir alimentos infectados por la bacteria el día 20 de agosto, ya que ni Ayuntamiento de Sevilla ni Junta de Andalucía enviaron efectivos a las empresas o centros que tenía carne contaminada para la efectiva retirada del mercado".

Del mismo modo, detallan en el escrito presentado a la juez que en la Comunicación de Estado de Investigación de fecha de 29 de agosto, en la cual se explica que se elabora con motivo de la colaboración que se ha acordado entre la Consejería de Salud y el Ayuntamiento, en relación a la investigación del brote llevada a cabo por agentes de salud pública de la Junta de Andalucía junto a inspectores del Consistorio, se afirma que "la primera visita realizada por el personal municipal a las instalaciones de Magrudis fue de fecha 23 de agosto de 2019, en la que tomaron muestras de superficies y documentación, ocho días después de la declaración de la alerta".

Del mismo modo, con fecha de 26 de agosto de 2019 se elaboró un informe sobre las instalaciones de la mercantil Magrudis, el cual se aportó en la reunión que se tuvo en las instalaciones de la Consejería de Salud en Sevilla junto con el personal del Ayuntamiento de
Sevilla.

Al respecto, subrayan que "ambas administraciones manifiestan en la instrucción que comienza a colaborar de manera conjunta a partir del día 29 de agosto de 2019, 14 días después de la declaración de la alerta sanitaria", al tiempo que agradecen la labor de la Ucoma por "la gran labor que ha realizado en la investigación".

OCHO INVESTIGADOS Y DOS EN PRISIÓN

Por su parte, la Guardia Civil ha concluido la investigación abierta tras estos casos con un total de ocho personas investigadas, de las cuales seis han sido detenidas y dos se encuentran en prisión provisional sin fianza. Además, los investigadores mantienen que "al menos tres de los investigados sabían que un lote etiquetado con fecha de 20 de diciembre de 2018 había dado positivo en listeria".

Así, la investigación del Seprona de la Guardia Civil, en coordinación con Europol, ha determinado que los responsables de las empresas implicadas conocían la presencia de la listeria en sus productos "desde finales del año pasado", y ha señalado que "no informaron a las autoridades competentes de este resultado", así como que "tampoco ha quedado acreditada la retirada de estos productos afectados, ni su destrucción". Este primer lote sería la causa de varios episodios de intoxicación en la provincia de Huelva.

Además, según un comunicado, la información recabada en los registros --de las empresas familiares y de los domicilios-- confirmó esta hipótesis y amplió la investigación con la aparición de nuevos indicios, aumentando entonces el número de investigados a ocho. En total hay intervenidas un total de 17 toneladas de productos que están siendo incinerados en una cementera de Jerez de la Frontera.