Veinte años después del accidente de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), considerado el mayor desastre ambiental de España, la limpieza de los 62 kilómetros contaminados del río Guadiamar se valora como una actuación ejemplar, aunque importantes objetivos de este titánico proyecto siguen pendientes.
La coordinación entre las administraciones, la limpieza bajo criterios científicos y el desembolso de unos 200 millones de euros facilitaron que las 4.600 hectáreas anegadas por aquella riada tóxica, considerada por el CSIC cien veces mayor que la del Prestige, estén hoy descontaminadas y hayan recuperado su riqueza ecológica, salvo algunas pequeñas zonas.
La rotura de esta balsa minera en la madrugada del 25 de abril del 1998 vertió al Guadiamar unos dos millones de metros cúbicos de lodos y otros cuatro de aguas contaminadas, en una riada de 500 metros de anchura que recorrió 62 kilómetros, aguas abajo, hasta Entremuros, tramo final del Guadiamar y límite del Parque Nacional de Doñana.
Científicos del proyecto Foil Plant, del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología (IRNA) de Sevilla, dependiente del CSIC, analizan desde 1998 esta catástrofe y sostienen que la retirada de los lodos contaminados y la depuración de las aguas ácidas, aisladas con muros de tierra para que no entrasen en Doñana, han sido un ejemplo mundial de descontaminación minera, aunque recomiendan volver a limpiar algunos puntos contaminados con metales pesados.
Pero esta modélica generación no ha logrado algunos objetivos más importantes, como recuperar la economía de la zona, que padece niveles de paro iguales o superiores a los de 1998; consolidar el Guadiamar como corredor ecológico entre Doñana y Sierra Morena o cobrar a la multinacional sueca Boliden, propietaria de la mina, un solo euro gastado en esta limpieza.
El Guadiamar, principal afluente de Doñana, fue declarado Paisaje Protegido por la Junta de Andalucía tras su limpieza, pero aún hoy carece de una mayor protección legal y de vigilancia que lo consoliden como un corredor ecológico efectivo entre las marismas del Guadalquivir y Sierra Morena.
Y, sobre todo, mantiene en su cabecera, como espada de Damocles, la mina causante del desastre, cuya reapertura ha adjudicado la Junta de Andalucía en un polémico proceso, bajo investigación judicial, a Grupo México, multinacional con una pésima reputación ambiental por sus desastres ecológicos en Iberoamérica.
Además, a escasos kilómetros funciona Cobre Las Cruces, la mayor mina de cobre a cielo abierto de Europa, promocionada como un modelo minero respetuoso con el medio ambiente pero que suma condenas por delitos ecológicos y pretende extender su actividad bajo tierra hasta el 2034.
Grupos ecologistas reiteran que no se reabra la mina de Aznalcóllar para preservar a Doñana, uno de los más valiosos espacios protegidos de Europa, Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera, una amenaza de la que también alertó el director de la Estación Biológica de Doñana, Juan José Negro, antes de ser cesado por la dirección del CSIC.
El coste final de la regeneración del Guadiamar, incluida la expropiación del cauce para evitar el comercio de cultivos y ganados contaminados y el programa estatal Doñana 2005, para recuperar los recursos hídricos de este espacio protegido, supera los 300 millones de euros.
Los intentos por cobrar a Boliden algo de estos fondos públicos han fracasado, tras lustros de litigios judiciales, aunque la Junta de Andalucía mantiene una demanda por los 89 millones de euros gastados en la limpieza inicial del Guadiamar.
Pendiente queda el destino final de los millones de metros cúbicos de tierras contaminadas trasladados a la corta de la antigua mina de Aznalcóllar.
Y pendiente sigue dignificar la memoria de los cuatro camioneros portugueses fallecidos cuando transportaban los lodos a destajo.
Las aguas del Guadiamar, el "príncipe de los ríos" en árabe, bajan limpias y caudalosas esta lluviosa primavera hacia Doñana, pero rodeadas de amenazas.
