La Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha incoado expedientes sancionadores al menos contra dos de los trabajadores contratados intermitentemente entre 2013 y 2016 por la sociedad municipal Limpieza Pública y Protección Ambiental (Lipasam), quienes celebraron una protesta dentro del Ayuntamiento hispalense el pasado 7 de junio, siendo desalojados del edificio mediante una controvertida actuación policial.

Según uno de los expedientes sancionadores, recogido por Europa Press, la incoación de estos procedimientos punitivos deriva de una "ocupación no autorizada de la sede del Ayuntamiento de Sevilla", donde estas personas "ocuparon y se sentaron en la escalera principal impidiendo el paso de las personas, con pancartas y gritando consignas". "El jefe del dispositivo (de la Policía Local) les comunicó en tres ocasiones que debían desalojar las instalaciones municipales, sin que atendieran el requerimiento", abunda el expediente, según el cual estas personas fueron "informadas de que la desobediencia o resistencia podría constituir un ilícito penal".

Dado el caso, los expedientes parten de una "infracción administrativa grave" de la Ley 2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, criticada como la "ley mordaza" por diferentes fuerzas y colectivos. Así, habilitan un plazo de 15 días para formular alegaciones y en caso de no haberlas, los procedimientos serán resueltos con sanciones de 601 euros, la multa de menor cuantía que determina la citada Ley para este tipo de infracciones, "ya sin reducción". Los procedimientos ofrecen también que en ese plazo de 15 días, las sanciones sean directamente abonadas con una reducción del 50 por ciento.

LOS EX EVENTUALES DE LIPASAM

A grandes rasgos, este colectivo de trabajadores fue objeto de contrataciones temporales por parte de Lipasam entre 2013 y 2016, para servicios especiales como los de Semana Santa o Feria, debido al conflicto que pesaba sobre la entonces naciente nueva bolsa de empleo.

Y es que el comité de empresa de Lipasam había impugnado la nueva bolsa de empleo, en demanda de que los miembros de la antigua bolsa de empleo, que habrían accedido a la misma sin proceso selectivo previo, fuesen declarados como empleados indefinidos no fijos a cuenta de sus años de relación con la sociedad.

Este conflicto fue resuelto en 2016, cuando por acuerdo entre Lipasam y su comité de empresa, 330 miembros de la antigua bolsa de empleo de 2005 fueron declarados como trabajadores "indefinidos no fijos por tiempo discontinuo", consolidando así su relación con la empresa, y era constituida definitivamente la nueva bolsa de empleo temporal de peones, formada por 600 personas.

Aquella solución llevó a Lipasam a prescindir de las personas contratadas intermitentemente entre 2013 y 2016, dado que las contrataciones temporales se canalizan ahora mediante los indefinidos no fijos por tiempo discontinuo y la bolsa de empleo. Estas personas, en ese sentido, reclaman que se les declare también como trabajadores indefinidos no fijos por tiempo discontinuo, merced al "precedente" de los miembros de la antigua bolsa de empleo.

EL DESALOJO

Tras meses y meses de manifestaciones y protestas, el conflicto tocó techo el pasado 7 de junio, cuando los miembros del colectivo accedieron al interior del Ayuntamiento para reunirse con los concejales de Participa e IU.

Tras celebrar las citadas reuniones, y sin previo aviso, los extrabajadores temporales de Lipasam se concentraron en el vestíbulo del Ayuntamiento y comenzaron un acto de protesta, sin que mediase un acuerdo cuando los agentes de la Policía Local les pidieron que depusiesen su actitud.

Tras ello, los manifestantes y los miembros de Participa e IU-CA que les acompañaban fueron rodeados por la Policía Local y fueron paulatinamente arrinconados hasta la puerta principal del Ayuntamiento, donde finalmente fueron expulsados del edificio, en una actuación que según denuncian estuvo marcada por la "violencia, las patadas, empujones y pisotones".