La plataforma No a la apertura del Tanatorio en San Pablo se ha mostrado indignada con la actitud del alcalde, Juan Espadas, respecto a la polémica creada en torno al centro funerario que la empresa Fuascen está edificando en una parcela privada del polígono Carretera Amarilla, frente al centro comercial Los Arcos. La plataforma señala que el alcalde, defiende los intereses de la empresa "por encima de los intereses y sensibilidades de los vecinos de todo un barrio".
Así, en una nota redactada por la plataforma en contestación a unas declaraciones del primer edil respecto a este tema, señalan que frente a un negocio que "se les ha impuesto como hecho consumado a escasos metros de sus viviendas", al alcalde no hace nada y tan sólo esgrime que "como jurista, no podía oponerse a la concesión de la licencia para dicho establecimiento promovido a iniciativa privada en una parcela privada". Los vecinos afectados critican que la licencia de obras se concediera en pleno mes de agosto, equiparando el tanatorio a “un lugar de almacenaje”, expresión que, señalan, "denota su falta de empatía y sensibilidad". "No es tan simple señor alcalde y seguro que Urbanismo exige más mas requisitos a estos negocios que a un tanatorio en el que se manipulan y depositan cadáveres", explican.
Para los vecinos, en su condición como alcalde "debe defender los intereses de los ciudadanos por encima de los intereses de una empresa privada" y "no manifestarse en defensa del tal proyecto", y menos de manera tan "fervorosa". "Fuascen no ha necesitado manifestarse en defensa de su propio proyecto porque ya lo ha hecho el alcalde", inciden.
Ante la inminente apertura del Tanatorio Nervión en el barrio (se espera para finales de diciembre o principios de enero), la plataforma en contra vuelve a recordar al Ayuntamiento que consideran esta ubicación "una desconsideración, despropósito y una injusticia", al tiempo que señalan que "no dejarán de luchar".
La plataforma en contra del tanatorio realizó su tercera manifestación en la zona el pasado viernes y, al margen, han constituido una asociación ciudadana que estudia interponer una denuncia, primero por la vía administrativa y luego por lo penal, con la idea de que se declare ilegal la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento, apoyándose en varias sentencias en otras ciudades españolas y europeas en la que los tribunales han dado la razón a los vecinos en casos similares.
