Una joven familia con tres hijos menores de edad tuvo que desalojar su vivienda en régimen de alquiler a un particular el pasado martes 8 de noviembre por impago de dos cuotas. Tras una semana de incertidumbres, han conseguido que el Ayuntamiento les pague un alquiler indefinidamente hasta que obtengan una vivienda social.
La solución provisional proporcionada por el Ayuntamiento de Sevilla fue el alojamiento en un hostal en el Prado hasta que la familia encontrase un nuevo piso en alquiler. Según esta medida, la Administración se comprometía a facilitarles el pago del primer mes y la fianza, pero la madre manifestó no poder encontrar ninguna persona que quiera alquilarles un piso “tan solo un mes”, ya que a partir de ese momento seguirían sin poder hacer frente al pago.
Además, Jennifer Cabezas, se vio obligada a abandonar el hostal el pasado viernes porque éste “no disponía de calefacción ni agua caliente” y como consecuencia de ello, su bebé de nueve meses contrajo bronquitis. A partir de entonces, se trasladaron provisionalmente a la vivienda de unos familiares.
Tras la presión por parte de la familia a través de la Corrala de Vecinas La Utopía al Consistorio y la visita en la mañana del lunes 14 al mismo para elevar su queja directamente al alcalde, Juan Espadas, la directora general de Acción Social del Ayuntamiento, Emilia Barroso, ha determinado que hasta que se consiga una vivienda de carácter social por parte de Emvisesa, la familia dispondrá de un alquiler pagado por tiempo indefinido, así como cualquier tipo de ayuda en ropa, muebles o comida.
La problemática reside ahora en que Jennifer y su familia deben localizar ellos mismos la vivienda, y tras pasarse toda la tarde telefoneando a particulares y acudiendo a diferentes inmobiliarias, pasa un día más sin encontrar un hogar para sus hijos de ocho y tres años y nueve meses.
Daniel González Rojas (IU) reclamaba a Espadas que moviera “cielo y tierra” para detener el desahucio de la familia de la calle Vasco de Gama del distrito Cerro Amate. Aunque aquel desalojo no pudo evitarse y la familia tuvo que salir de la vivienda, la solución que aportó en ese momento el Ayuntamiento no fue suficiente, y sólo han conseguido una a largo plazo gracias a la presión realizada.
Según Cristina Honorato, edil de Participa, “esta no es la vía adecuada, debería hacerse un protocolo que sirva para todo el mundo, porque hay muchas más familias en su misma situación”.
