La precaria situación de tesorería y liquidez que vivía Abengoa en septiembre de 2015 -dos meses antes de presentar preconcurso de acreedores- llevó a la compañía a abonar a quien fue su presidente hasta ese mes parte de la indemnización recibida de 11,4 millones mediante un pagaré con vencimiento a dos meses. Así se recoge en las actas del consejo de administración del 23 de septiembre en el que Benjumea cesó como presidente, y que ha recogido la Plataforma de Perjudicados de Abengoa en un escrito en el que solicita fianzas adicionales por un total de 46 millones de euros para el hoy presidente, Antonio Fornieles, y dos consejeras (los tres, miembros del consejo que aprobó esa indemnización, por la que Benjumea está acusado de administración desleal).
El acta del consejo del día 23 recoge que el órgano de gestión de la sociedad aprobó el “pago inmediato” de 4,48 millones. Y, en paralelo, “de aceptarlo así el señor Benjumea” los siete millones restantes se le abonarían “en el plazo máximo de dos meses, garantizándose el pago mediante la expedición de un pagaré con fuerza ejecutiva a favor del señor Benjumea”.
Además, los denunciantes usan las actas de los consejos celebrados desde el 14 hasta el 23 de septiembre confrontándolas con las declaraciones de varios testigos e imputados en la querella que se instruye en la Audiencia Nacional para asegurar que Benjumea no se fue por la presión de banco Santander, como han defendido Fornieles y otros testigos afines al expresidente, sino que en realidad lo hizo voluntariamente sabedor de la pésima situación financiera que vivía la empresa.
Salida voluntaria
Este aspecto es clave, a juicio de los querellantes, ya que el contrato que recogía las indemnizaciones a percibir por Benjumea sólo se las reconoce en caso de que su salida fuera forzada. Si deja el cargo voluntariamente, como los denunciantes insisten en que se produjo, no tendría derecho ni a 4,48 millones ni a los otros 7 millones por permanencia en la empresa.
La petición de fianzas a Fornieles y las consejeras Mercedes Gracia y Alicia Velarde (15,6 millones a cada uno de ellos) se basa en que la Plataforma de Perjudicados sostiene que Benjumea "al objeto de superar este "pequeño escollo”, que le impedía percibir las cantidades que contractualmente podría haber recibido de haberse cumplido las condiciones dispuestas en su contrato de febrero de 2015, montó toda una escenificación, con la colaboración de los investigados Mercedes Gracia, Alicia Velarde y Antonio Fornieles, orientada a percibir aquello que no le correspondía y a pesar de la maltrecha situación de liquidez de la compañía".
