La directora de la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha declarado este martes como testigo ante el juez que investiga a un funcionario por realizar solicitudes de carácter sexual a algunas de las internas de la prisión y ha negado que haya existido ningún "complot" o "montaje" contra el mismo.

   Fuentes del caso han informado a Europa Press de que la directora de la prisión ha comparecido ante el juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alcalá de Guadaíra después de que el funcionario negara en su declaración judicial todas las acusaciones realizadas por al menos seis internas y atribuyera las mismas a un "montaje" y a un "complot" orquestado contra él por parte de la directora.

   Las mismas fuentes consultadas por Europa Press han indicado que, en su comparecencia, la directora de la cárcel ha negado también que haya existido 'mobbing' contra este funcionario, explicando que fue tras recibir las quejas de las presas y de sus propios compañeros cuando se decidió cambiarlo de puesto de trabajo a fin de evitar que tuviera contacto con las internas.

ACTUACIÓN "IMPROCEDENTE"

   Asimismo, la directora de la prisión ha asegurado que, en una ocasión, pudo ver al funcionario investigado tumbado en el suelo y a una interna "jugando encima suya", una actuación que ha calificado de "improcedente".

   Las fuentes han destacado que, en su comparecencia, la directora de la cárcel de Alcalá también ha dicho que el funcionario, dadas sus funciones, tenía acceso a los servicios de las internas, algunas de las cuales han declarado que sorprendieron al encausado "espiándoles" mientras se duchaban.

   Según estas fuentes, con su testimonio la directora de la cárcel ha "desmontado" la versión ofrecida por el funcionario y ha avalado lo asegurado por las internas afectadas.

   En la declaración judicial prestada el pasado día 10 de febrero, este funcionario negó haber realizado tocamientos a las internas, así como haberles mostrado vídeos de contenido pornográfico a través de su teléfono móvil, mientras que también negó que las espiara mientras se duchaban o haberse desnudado de cintura para abajo ante las presas.

   Así, el funcionario aseguró también en su declaración que todo es un "montaje" y un "complot" contra él orquestado por la directora de la prisión, y ello como "venganza" por "haber puesto de manifiesto algunas irregularidades en el funcionamiento" de la cárcel.

   El juez atribuye al funcionario presuntos delitos de negociación y actividades prohibidas a funcionarios públicos y contra la integridad moral.

TESTIMONIO DE SIETE INTERNAS

   El juez que investiga este caso ya cuenta con el testimonio de al menos siete internas, tan sólo una de las cuales ha negado que el funcionario incurriera en los comportamientos denunciados, mientras que las otras seis presas han ratificado su acusación contra el funcionario.

   Fuentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ya precisaron a Europa Press que fue el día 19 de noviembre de 2014 cuando el secretario general de este departamento, Ángel Yuste, decidió suspender en sus funciones, es decir, de empleo y sueldo, al funcionario, que a día de hoy continúa suspendido.

   Las mismas fuentes han indicado que todo comenzó el 3 de julio de 2014, cuando Yuste decidió la apertura de una información reservada sobre este funcionario a la vista de un informe elaborado por la directora de la cárcel, tras lo que el 20 de octubre de ese año ordenó abrir un expediente disciplinario por supuestas irregularidades cometidas por este trabajador.

   Seguidamente, ya el 18 de noviembre de 2014, el secretario general de Instituciones Penitenciarias remitió el expediente a la Fiscalía y, finalmente, un día después suspendió al funcionario de empleo y sueldo.

DESDE AGOSTO DE 2012

   Fuentes judiciales, de su lado, señalaron que, tras serle remitido el expediente, la Fiscalía de Dos Hermanas decidió abrir diligencias de investigación contra el funcionario, denunciándolo por tres presuntos delitos, en concreto un delito de negociación y actividades prohibidas a funcionarios públicos; un delito de abusos sexuales, y un delito contra la integridad moral.

   Esta denuncia motivó que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alcalá de Guadaíra abriera una investigación al respecto. Según las fuentes consultadas, los hechos denunciados se referirían a episodios ocurridos desde, al menos, el mes de agosto de 2012.