El Consejo de Gobierno andaluz ha cesado este martes a la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio, imputada la pasada semana por prevaricación por la juez de instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, que investiga la adjudicación de la mina de Aznalcóllar.
El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, ha sostenido en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo autonómico que este cese se produce para que el proceso sea "más claro" y haya "una mayor transparencia" en esta adjudicación, y ha defendido el trabajo de Asensio y de los demás funcionarios de la Junta de Andalucía.
Al igual que el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, el vicepresidente ha destacado que la Junta dejará sin cubrir este puesto, a la espera del resultado de las comparecencias judiciales, señaladas por la jueza para el 17 de septiembre.
La dirección general la asumirá la subdirectora y, según Jiménez Barrios, "no va a haber ningún vacío de poder" porque la Consejería "tiene un equipo suficiente".
El vicepresidente ha pedido un "cuidado exquisito" hacia el "honor de las personas" implicadas en esta denuncia y ha expresado su confianza en un rápida desimputación de la directora general y en su reposición en el cargo en el que ha cesado.
Ha señalado que el Gobierno andaluz "confía" en el trabajo realizado por la directora general y los funcionarios en esta adjudicación" que, en su opinión, se encuentra "a las puertas" de un contencioso administrativo por la demanda de la empresa perdedora.
"Ya no se habla de cohecho ni de corrupción, ni se cuestiona que los procedimientos se han desarrollado sin rigor, ahora se investigan aspectos muy concretos de esta adjudicación", ha subrayado.
En su opinión, el auto de imputación de la jueza se centra en cuestiones concretas de la adjudicación, como los suelos con derechos mineros, la valoración de la oferta económica de la empresa adjudicataria o el plan de aguas presentado y ha enfatizado que "sobre todo no se está investigando un delito de corrupción".
Ha negado que este cese responda a una exigencia de Ciudadanos, partido que apoyó la investidura de Susana Díaz tras un acuerdo que incluía el cese de todo alto cargo imputado, y ha asegurado que esta exigencia es un compromiso anterior del PSOE "con la ciudadanía".
Para Jiménez Barrios, este cese no supone un cambio de postura de la Junta porque ha afectado a un alto cargo no imputado por corrupción, sino por prevaricación, y ha descartado que sea comparable al de algunos responsables de Medio Ambiente imputados o a la presidenta del Puerto de Huelva.
"No hay imputados por corrupción en el Gobierno andaluz", ha zanjado Jiménez Barrios.
