El Programa de Atención a Familias con Menores en Riesgo del Ayuntamiento de Sevilla, financiado entre la administración local y la Junta de Andalucía, se reanuda este viernes después de haber estado paralizado durante un mes. Después de que el pasado 5 de noviembre expirasen los contratos de trabajo de sus 21 profesionales y la resolución definitiva sobre la financiación autonómica fuese notificada al Ayuntamiento esa misma jornada, las actuaciones han estado paralizadas hasta que este jueves han sido firmados los nuevos contratos.
Fuentes del comité de empresa del Ayuntamiento han informado a Europa Press de que los 21 psicólogos, educadores sociales y trabajadores sociales pertenecientes a este programa y contratados por el Consistorio, en paro desde el 6 de noviembre, han firmado este jueves sus nuevos contratos y este viernes reanudarán sus labores con familias con menores de edad en riesgo de exclusión, si bien el programa ha perdido un mes completo porque los nuevos contratos concluyen el 5 de noviembre de 2015.
La ciudad de Sevilla cuenta desde el año 2000 con este programa de financiación conjunta, a través de un convenio anual que regula el reparto de la financiación entre el Ayuntamiento hispalense y la Junta de Andalucía y las actuaciones en cuestión, gracias a las cuales las familias con menores en riesgo de exclusión social cuentan con 21 psicólogos, educadores sociales y trabajadores sociales.
Según los trabajadores, el día 5 de noviembre de cada año finalizan los contratos de trabajo de estos 21 profesionales de los equipos de tratamiento familiar, si bien tales contratos son inmediatamente renovados, al día siguiente, para continuar con los trabajos. Sin embargo, y según decían a Europa Press los trabajadores, en esta ocasión los contratos de trabajo expiraron el 5 de noviembre sin que fuesen renovados.
El Ayuntamiento hispalense, en ese sentido, alegaba que la Junta de Andalucía, que aporta 621.642 euros para la nueva edición del programa, remitió la resolución definitiva sobre dicha aportación el mismo día en el que expiraban los contratos, toda vez que el comité de empresa del Consistorio recordaba que se trataba de una mera prorroga de un programa ya en marcha y opinaba que el Consistorio no habría hecho todo lo posible por mantener vivo el mismo hasta que llegase la resolución definitiva sobre las subvenciones autonómicas.
