La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que la empresa Fitonovo tenía "en nómina" a "multitud" de funcionarios "corruptos" que habrían recibido durante varios años "contraprestaciones sustanciosas" por la adjudicación de contratos públicos u otras prácticas irregulares en el marco de la contratación administrativa "que han reportado a la empresa pingües beneficios".
Así lo exponen los agentes de la UCO en el atestado entregado a la juez Mercedes Alaya y que dio lugar el 11 de noviembre a la operación 'Enredadera' --tercera fase de la operación 'Madeja', que concluyó con la detención de 32 de personas en varias provincias españolas y la imputación de varias más, de las que cuatro ingresaron en prisión, aunque a día de hoy ya sólo permanece en la cárcel el director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Brugueras, quien podría salir en libertad si paga una fianza de 180.000 euros.
En este atestado, al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes explican que el pago de comisiones por la adjudicación de contratos "era práctica habitual", existiendo "instrucciones desde la dirección de la empresa para pagar las comisiones que fueran necesarias para 'sacar los contratos adelante'", de manera que la dirección de Fitonovo "creó una infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos públicos irregulares".
Así, según expone la UCO en el atestado, se habilitó "la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación", al mismo tiempo que Fitonovo "creó una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos".
"GRAVE DAÑO AL ORDEN SOCIOECONÓMICO"
"De este modo, crearon una trama societaria que, en paralelo a una actividad comercial legal, se había ocupado de acaparar contratos públicos usando medios ilícitos, causando grave daño al interés público, por cuanto pervivieron numerosos procedimientos de contratación en detrimento de las arcas públicas, y al orden socioeconómico, al perjudicar a las sociedades que de forma legal pretenden participar en la contratación pública pero que no tienen posibilidad de resultar adjudicatarias al estar en franca desventaja por las prácticas corruptas de la trama", añade.
A juicio de los agentes, ha quedado demostrada a lo largo de la investigación "la actitud decidida de la dirección de la empresa por lucrarse con dinero público sin importar los medios empleados, infiltrando múltiples administraciones con prácticas de corrupción y articulando vías para disfrutar de esos beneficios de forma opaca", de manera que "la entrega de comisiones se ha prolongado durante al menos 15 años, afectando a múltiples administraciones, tanto estatales, como autonómicas y locales e involucrando a un elevado número de funcionarios y autoridades".
"De la realidad de la entrega de dichas comisiones es evidencia la compleja y detallada contabilidad de Fitonovo, cuya existencia no tiene justificación si no responde a una necesidad real de controlar las cantidades económicas que entran y salen de la empresa y que además involucran a un gran número de actores fuera de Fitonovo --empresas factureras--", dice la UCO, que por todo ello considera que en este caso "se dan todos los parámetros para que se pueda apreciar la existencia de una organización criminal que, a lo largo de casi dos décadas, ha obtenido importantes beneficios procedentes del erario público".
"FACTURACIÓN FALSA" E "IMPUESTO REVOLUCIONARIO"
En este sentido, explica que la organización criminal estaría integrada por la dirección de Fitonovo y por los empleados que actuaban como interlocutores de la empresa ante la administración, por las autoridades y funcionarios públicos que, "a cambio de contraprestaciones, favorecían desde el ámbito público a la organización", y las distintas empresas que facilitaban a Fitonovo la "facturación falsa con la que la financiar la actividad ilícita de la organización criminal o se prestaban a concurrir fraudulentamente a adjudicaciones públicas"
A juicio de la UCO, "existía una estructura jerárquica en la que la dirección de Fitonovo era quien impartía las instrucciones" y también "la que había diseñado la metodología para nutrir la contabilidad B de la empresa con la que financiar la actividad ilícita", punto en el que alude a las funciones de los dueños de la empresa, como son Rafael González Palomo y su hijo José Antonio González Baró; Juan Andrés Brugueras, único encarcelado a día de hoy, o Ángel Manuel Macedo, administrador de Fiverde que "llevaba un control detallado de la caja B".
La UCO, que denomina "impuesto revolucionario" a las comisiones pagadas por Fitonovo a las autoridades públicas de Lanzarote, destaca que, "cuando era posible, Fitonovo trataba de cubrir distintos perfiles de funcionario dentro de la misma administración, esto es, un funcionario de perfil directivo y otro de perfil técnico, al objeto de tener controlados todos los aspectos de la contratación".
"TRAMA CORRUPTA"
En este punto, cita a distintos funcionarios y autoridades que habrían sido "partícipes de la trama corrupta", pertenecientes a la Junta de Andalucía y la de Extremadura, Gobierno de Canarias, Cabildos Insulares de Lanzarote y Las Palmas, diputaciones de Sevilla, Córdoba y Jaén, Ministerio de Fomento, ayuntamientos de Sevilla y La Carolina (Jaén), ADIF y la ONG Solidaridad Internacional.
Sobre la Caja B, los agentes dicen que Fitonovo la creó "para pagar las comisiones entregadas a los funcionarios o para pagar regalos que abarcaban vehículos y artículos suntuarios", aunque también "se empleaba con otros propósitos del mismo modo irregulares como el pago de salarios en B a trabajadores de Fitonovo", añadiendo que "esta caja B se alimentaba fundamentalmente mediante facturación falsa de empresas suministradoras o proveedoras" de Fitonovo.
Los investigadores consideran que esta caja B "serviría para conformar el tercer estado del blanqueo de capitales, que es el reintegro del tráfico jurídico ordinario de las cantidades obtenidas de manera ilícita", pues "para disminuir los beneficios obtenidos y conseguir dinero en B se solicitaría facturación falsa a los proveedores", momento en el que "los beneficios pasarían a formar parte de la caja B de la sociedad, ocultos y fuera del tráfico legal, al que volverían con la artimaña consistente en el 'Reparto de Dividendos' entre los miembros de la familia de Rafael González Palomo".
LA "ARTIMAÑA" DEL REPARTO DE DIVIDENDOS PROCEDENTES DE LA CAJA B
Según la UCO, "la cantidad que procedente de la caja B se ha reintegrado en el tráfico económico como reparto de dividendos de la empresa alcanza los 2,4 millones en el periodo 2003-2010".
A modo de conclusión, los agentes consideran que Fitonovo habría "alterado el normal funcionamiento de las instituciones, corrompiendo la naturaleza de la contratación pública y afectando a la gestión de los órganos del estado y al erario público", causando además "grave daño a la administración y a la sociedad en su conjunto, perpetuando e infiltrando prácticas de corrupción que se han demostrado tan dañinas para la buena marcha de nuestra sociedad y nuestro orden socioeconómico".
