QBIS Resources, filial española del grupo minero australiano QBIS Australia PTY LTD, ha emprendido varios contenciosos que demandan a la Junta de Andalucía una compensación de unos 300 millones de euros por la expropiación, que considera ilegal, de sus derechos mineros en Aznalcóllar (Sevilla).
Directivos de esta empresa han anunciado a Efe que QBIS Resources ha recurrido el inicio de la expropiación de sus permisos mineros en Aznalcóllar, que solicitó en el 2011 y que hoy le ha sido notificada por la Junta de Andalucía.
Este recurso se suma a otros presentados por QBIS Resources contra el decreto del Gobierno andaluz, de diciembre del 2013, que convocó un concurso internacional para la reapertura de esta mina, y contra el posterior decreto de mayo del 2014 que rectificó al anterior tras denunciarlo el Gobierno central por considerarlo inconstitucional.
El director técnico de QBIS Resources, César Ayllón, y el representante legal de la empresa, Ignacio Barcelona, han explicado a Efe que esta firma inició en octubre del 2011 los procedimientos legales para obtener los derechos de exploración, investigación y explotación de unas 2.700 hectáreas en la mina de Aznalcóllar, cerrada en el 2011 tras el grave desastre ecológico que sufrió en 1988.
En su opinión, estos derechos le corresponden plenamente porque fue la primera empresa en solicitarlos y tramitarlos, por lo que consideran ilegales tanto el posterior concurso internacional para la reapertura de la mina como la expropiación de los derechos mineros iniciada hoy por la Junta.
Ayllón ha explicado que QBIS Resources ha invertido un gran capital en los últimos tres años para presentar el estudio técnico y el de impacto ambiental previos a la reapertura de esta mina y ha asegurado que los estudios preliminares estiman que su explotación durante 30 años generaría unos beneficios de más de 4.300 millones de dólares (unos 3.161 millones de euros), por lo que ha cifrado en unos 300 millones de euros la indemnización que demandará a la Junta como compensación por daños y perjuicios.
También ha explicado que esta actitud de la Junta de Andalucía ha motivado una queja diplomática del Gobierno australiano a las autoridades españolas y podría dañar las negociaciones con España para la construcción de buques.
Otras empresas mineras que también tramitaron permisos mineros en la zona de Aznalcóllar, expropiados ahora por la Junta de Andalucía estudian también reclamar compensaciones a la administración andaluza.
