Seis responsables de la empresa Santa Bárbara de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) serán juzgados a partir del día 14 por la muerte de dos obreros cuando probaban un carro blindado, hechos por los que se enfrentan a una petición del fiscal de tres años de cárcel.
El accidente laboral ocurrió el 19 de marzo del 2004, cuando dos obreros que habían sido contratados diez días antes, y que no habían recibido la formación adecuada, conducían en la pista de pruebas un carro blindado modelo Dragoon que volcó en una curva, lo que provocó que salieran despedidos y que fallecieran por las graves lesiones sufridas.
Fuentes del caso han informado a Efe de que el juzgado penal 1 de Sevilla ha fijado varios días de vista a partir del 14 de enero, si bien las familias de los fallecidos M.T.F. y J.M.R.R. han sido indemnizadas por la compañía aseguradora Mapfre y se han retirado del caso, por lo que sólo la Fiscalía de Siniestralidad Laboral mantendrá la acusación
El escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso Efe, afirma que la muerte de los trabajadores se produjo porque no habían recibido la formación adecuada sobre la velocidad del blindado y no portaban casco ni cinturón de seguridad.
Según la Fiscalía, los fallecidos no tenían experiencia previa en el manejo de maquinaria pesada, solo recibieron un curso con "nociones en prevención de riesgos laborales" y no se les entregaron medios de protección ni instrucciones sobre las precauciones a adoptar.
Añade la acusación que el blindado con el que ocurrió el accidente estaba fabricado en Estados Unidos y tenía un manual de instrucciones en inglés, pero no consta que ninguno de los seis acusados tuviera el nivel suficiente de dicho idioma para traducirlo ni se ocupó de pedir un procedimiento escrito.
La Fiscalía imputa a L.A.A.G., encargado de la formación teórica de los trabajadores; a M.S.G., que describió a los obreros los vehículos y sus sistemas; P.D.D., instructor encargado de la parte práctica; J.R.N., técnico en prevención de riesgos laborales; J.L.G.O., jefe de Seguridad y Salud Laboral, y finalmente a S.J.S., encargado de facilitar los medios de seguridad.
Les imputa un delito contra la seguridad laboral, por el que pide seis meses de cárcel a cada uno, y otro delito de homicidio por imprudencia grave, por el que pide dos años y medio de prisión, así como tres años de inhabilitación para ejercer su profesión.
El accidente, según la Fiscalía de Siniestralidad Laboral, "era susceptible de haber ocurrido a otros trabajadores que también probaban vehículos blindados y que tuvieran las mismas carencias en la formación".
