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Del Castillo pide una manifestación nacional por la cadena perpetua

El padre de Marta del Castillo señala que es un “compromiso electoral incumplido” del Gobierno

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  • Antonio del Castillo -

Antonio del Castillo, el padre de la joven sevillana asesinada en enero de 2009 en una vivienda de León XIII, expresó ayer su convencimiento de que, ante las últimas revelaciones conocidas acerca del caso de Ruth y José Bretón, los niños onubenses desaparecidos desde el pasado mes de octubre, es el “momento adecuado” de convocar a nivel nacional una manifestación para reclamar la implantación en España de la cadena perpetua.

En este sentido, Del Castillo sostuvo que “hay que aprovechar” el ánimo de movilización que se percibe entre la ciudadanía como forma de expresar el rechazo por crímenes como el que podrían haber sufrido los referidos hermanos menores de edad, para organizar una acción a favor de la cadena perpetua.

“La sociedad se moviliza cuando pasan casos como el de Ruth y José o el de mi hija, por lo que ahora es el momento adecuado para manifestarse”, opina el padre de Marta del Castillo, quien, no obstante, aclaró que no baraja ninguna fecha concreta para llevar a cabo una iniciativa así, y que, en todo caso, la organización de esta actividad requeriría del “acuerdo” de familiares de víctimas de sucesos similares.

Además, Del Castillo aprovechó para criticar al Gobierno central por no haber aprobado ya la implantación de la cadena perpetua, a pesar de que se trataba de un “compromiso electoral que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, me hizo en mi cara”, pero que “no ha cumplido”.
En esa línea, argumentó que aunque la sociedad española “se esté acostumbrando a que los partidos no cumplan sus programas electorales”, éstos “están para que se desarrollen a rajatabla, o casi”, de forma que aboga por insistir en reclamar esa propuesta al Ejecutivo.

En ese sentido, Del Castillo cuestiona la eficacia que podría tener la “custodia de seguridad” propuesta por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para los delitos contra la libertad sexual, que pasaría por la posibilidad de aumentar hasta diez años la pena impuesta a los condenados, ya que esta decisión “estaría en manos de los jueces, y los jueces se guían por criterios políticos”.

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