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Sevilla

Concentración de la plataforma contra las inmatriculaciones de la Iglesia

Piden al Gobierno una reunión y exigen que Pedro Sánchez "cumpla sus compromisos con la recuperación del patrimonio inmatriculado"

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  • Concentración a los pies de la Giralda, en foto de archivo. -

La Plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla ha convocado este miércoles una concentración junto a la Subdelegación del Gobierno para exigir que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "cumpla sus compromisos con la recuperación del patrimonio inmatriculado por la jerarquía de la Iglesia Católica".

En este sentido, la citada plataforma ha anunciado en una nota de prensa su intención de registrar también una carta dirigida al presidente del Gobierno en relación al citado asunto. En la misiva, el colectivo subraya que una vez que el PSOE llegó al Ejecutivo, "todas nuestras solicitudes de entrevistas con los ministros del ramo --desde Carmen Calvo a Pilar Llop, pasando por Juan Carlos Campo y Félix Bolaños-- han sido ignoradas".

Recuerda la plataforma, una de las entidades que forma parte de la coordinadora Recuperando, que agrupa en total a una treintena de asociaciones, que cuando el Partido Socialista estuvo en la oposición se reunieron "varias veces" con los diputados Juan Carlos Campo, Gregorio Cámara y Antonio Hurtado, y con José Manuel Rodríguez Uribes como secretario federal de Laicidad.

La plataforma detalla en su escrito que el pasado 16 de febrero de 2021, la vicepresidenta del Gobierno presentó en el Congreso "las 34.964 inmatriculaciones realizadas por la Iglesia entre 1998 y 2015, olvidando las realizadas entre 1946 y 1998". "En un intento vano por enterrar el
tema dieron la patada al avispero; recientemente lo han vuelto a hacer al reconocer 'irregularidades' en casi 1.000 bienes inmatriculados, pero ¿qué pasa con los otros 99.000?".

Por todo ello, "solicitamos al presidente del Gobierno una reunión para abordar conjuntamente la polémica de las inmatriculaciones de la Iglesia católica y hacerle llegar de primera mano nuestras propuestas de solución de un problema de Estado que afecta a la legalidad constitucional y a un inmenso patrimonio inmobiliario de más de 100.000 bienes", concluye el escrito.

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