La próxima semana se cumple el plazo señalado por el titular del juzgado de instrucción número 2 de Sanlúcar de Barrameda a los okupas de la corrala de San Antón, ubicada en la calle Puerto, para abandonar las viviendas a las que accedieron hace varios años y que son propiedad de una entidad bancaria.
El desalojo de estas familias, que ocupan cinco pisos de un edificio situado justo frente a la Comisaría conjunta de Policía de Sanlúcar, se ha aplazado en cinco ocasiones. La última de ellas, en el mes de octubre, coincidiendo con la celebración de la festividad de los Ángeles Custodios.
A mediados de diciembre del pasado año, el juez volvió a citar a las familias, para notificarles una nueva fecha de desalojo, al no haber llegado a un acuerdo con la entidad bancaria propiedad del inmueble, que evitara esta medida. Será el próximo martes cuando los miembros de la Corrala de San Antón, todos menores de 35 años y, la mayoría de entre 18 a 25 años, tengan que dejar los pisos ocupados.
Según ha podido saber este periódico, la Oficina municipal para la Defensa del derecho a la vivienda digna viene negociando desde 2016 un alquiler social que evitara los desalojos, pero parece que definitivamente, la entidad bancaria propietaria del inmueble ha decidido recuperar la propiedad, entre otros motivos, porque hay procedimientos judiciales abiertos por personas que entregaron cantidades a cuenta para comprar estas viviendas.
El Ayuntamiento se puso en contacto con las familias a través de la Oficina para la Vivienda digna, ofreciéndoles la Ayuda de Emergencia municipal de Alquiler, si bien ninguna de las familias ha acudido para solicitar estas ayudas, que les permitirían afrontar la fianza y el primer mes de alquiler de aquella vivienda que señalaran como residencia habitual. Miembros de Podemos, que acudieron a apoyar a las familias en su última comparecencia ante el juez, solicitaron al Ayuntamiento que tomara medidas para evitar que las familias de la corrala de San Antón se quedaran sin vivienda. Ayudas al alquiler La trabajadora social de la oficina para la Vivienda Digna ha intentado contactar en varias ocasiones con los ocupantes del inmueble para buscar una solución habitacional, un alquiler en otra vivienda, una medida a la que sí se han acogido con anterioridad otras familias de Sanlúcar. Las fuentes consultadas por este periódico han apuntado que, pese a que no ha habido respuesta por parte de los ocupantes, el Ayuntamiento de Sanlúcar confía en que aún lo hagan “con la mayor celeridad posible”, para activar el protocolo de emergencia ante estas situaciones y que se acojan a esta posibilidad de ayudas.
