dictamen
El Magistrado del Juzgado Contencioso Administrativo número dos de Jaén, a través del auto 12/11 del 25 de enero de 2011, desestima las medidas cautelares solicitadas por la empresa Oleícola Jaén por las que solicitaba invalidar las resoluciones del alcalde de Baeza para suspender aquellas actividades y precintar las instalaciones de la empresa que no contaban con las preceptivas autorizaciones en materia de Medio Ambiente ni las preceptivas licencias municipales de apertura.Por tanto, el Ayuntamiento de Baeza anuncia queprocederá a la clausura de dichas actividades.
trabajadores
El pasado miércoles, 2 de febrero, se produce en el Ayuntamiento una reunión del alcalde con un grupo de trabajadores de la empresa.
Escuchadas sus propuestas, el alcalde admitiría clausurar la actividad del secadero en abril, si es de manera definitiva
En esta reunión, a la que ha asistió asimismo el concejal de Promoción Económica y Desarrollo, Bartolomé Cruz, el alcalde les explicó todas las gestiones que ha realizado a lo largo del mandato, siempre dirigidas a mantener la actividad económica de la empresa y los puestos de trabajo, hasta que el incumplimiento del Plan de Actuación por parte del empresario le ha obligado, en defensa del interés general de la ciudadanía, a tomar la determinación del cierre de aquellas actividades que no contaban con los preceptivos permisos medioambientales ni licencias municipales.
En dicha reunión, los trabajadores solicitaban posponer el cierre de las instalaciones del secadero hasta el mes de abril. Ante dicha propuesta la respuesta del alcalde resultó positiva, si ello significaba el cierre definitivo de la actividad de secadero de alperujo (la actividad que provoca las molestias a la ciudad) con carácter definitivo y permanente.
El alcalde se comprometía asi, llegado el caso, a propiciar el máximo de indemnización de despido que legalmente pudiera corresponderle a los trabajadores que se vieran afectados por el cese de esa actividad.
postura de la empresa
No obstante, ese mismo día, 2 de febrero, Oleícola Jaén procede al cierre de parte de sus instalaciones, en concreto, de dos de los secaderos de los cuatro con los que cuenta la empresa de acuerdo con el dictámen del auto 12/11 del Juzgado Contencioso Administrativo múmero 2 de Jaén de 25 de enero de 2011. De esta manera, la compañía decide no agotar el plazo previsto para ejecutar esta medida.
La fábrica expresa que el cierre parcial de la extractora, a su juicio inadecuado e inoportuno,
ocasionará un daño económico irreparable al ver mermado su nivel de productividad, demorando a septiembre u octubre la fecha de finalización del proceso de secado. Asimismo, manifiesta que afectará negativamente a más de cuarenta trabajadores directos e indirectos, anunciando que ha iniciado la tramitación de un Expediente de Regulación de Empleo.
El alcalde expresa que cumple la ley
En la tarde del 2 de febrero, y tras el anuncio del cierre de los secaderos por parte de la empresa Oleícola Jaén, el alcalde de Baeza, Leocadio Marín, manisfestó que, como estaba previsto, el viernes, 4 de febrero, se procedería al precinto de los mismos. “Con esta decisión, el empresario está anticipando que va a cumplir con la orden de cierre de las instalaciones que no contaban con licencia”, declaraba.
Añadió que jamás ha puesto en duda la licencia de la fábrica de aceite, pero que existe la certeza de que hay una parte de la actividad que no se ajusta a la legalidad, “lo cual no significa que sea ilícita, -continuó-, ni que la maquinaria que está utilizando no tenga la homologación de las autoridades, pero lo que no tiene es las licencias de actividad del Ayuntamiento de los secaderos, aunque nadie duda que tenga licencias históricas de actividad de la fábrica de aceite”.
El alcalde cree que no se debe poner en duda que la suspensión parcial de la actividad sea ajustada al derecho, porque además de los preceptivos informes de los técnicos, el cierre de los secaderos se produce por el dictámen de un juez.
Por otra parte, manifestó que la merma de la actividad no supone una merma de beneficios ni de empleo y que si existen instalaciones ilegales, está en la obligación de cerrarlas.
