El alcalde de Baeza, Leocadio Marín Rodríguez, compareció en rueda de prensa para informar a la ciudadanía de varios asuntos de interés y aclarar, en otro orden de cosas, varios puntos de las acusaciones que el Partido Popular ha vertido sobre él en torno a la polémica de la funcionaria del Ayuntamiento que fue trasladada de su puesto.

servicio de avisos
En primer lugar, Leocadio Marín presentó el nuevo servicio de avisos por el que la ciudadanía de Baeza podrá comunicar de una manera más rápida y efectiva las incidencias que detecte en el mantenimiento de la ciudad (averías, farolas apagadas, mobiliario urbano, desperfectos, etc.). Este nuevo servicio podrá utilizarse por correo electrónico, telefónico o mensaje de móvil, y será gestionado directamente por la Empresa Municipal de Servicios del Ayuntamiento (EMS).
La EMS está en funcionamiento desde finales de 2009. Esta empresa, de capital 100 % municipal, tiene como misión la conservación y mantenimiento de las infraestructuras municipales, salvo el servicio de limpieza, recogida de residuos sólidos urbanos, el abastecimiento de agua potable y el alcantarillado.
El Ayuntamiento se propone atender los avisos de incidencias que trasmiten la ciudadanía y las personas responsables de los distintos departamentos del Ayuntamiento de Baeza antes de las 72 horas hábiles. En el caso en que no pueda realizarse la intervención solicitada, Marín Rodríguez comunicaba que la persona recibirá una comunicación explicando las causas de la imposibilidad de gestionar el aviso. “Sabemos que es un reto importante, por lo que requiere de la colaboración de todas las personas que puedan verse implicadas de una manera u otra en este proceso”, explicaba el alcalde de Baeza
.Al tratarse de un servicio que espera redundar en la mejora de la comunicación de incidencias en la ciudad, las demandas que se realicen de forma anónima no serán atendidas.

vivienda protegida
Por otro lado, Leocadio Marín informaba de que la ordenanza que regula el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, aprobada en el Pleno Ordinario del 22 de diciembre del pasado año, ha entrado en vigor tras sus correspondientes publicaciones en el Boletín Oficial de la Provincia.
Este Registro, tal y como estableció la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, se establece para ordenar, clarificar y dar transparencia al cumplimiento del artículo 25 del Estatuto de Autonomía: "Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda. La ley regulará el acceso a la misma en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten".
A partir de ahora, las personas que necesiten una vivienda protegida en cualquiera de sus modalidades (compra, alquiler, alquiler con opción a compra) deberán estar obligatoriamente inscritas en los respectivos Registros Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida.

polémica
El alcalde aludió a la polémica suscitada por la funcionaria municipal que llevó al Ayuntamiento a los tribunales y que ha pedido que en ejecución de sentencia se le devuelva al puesto de trabajo que ocupaba.
“Yo quiero hacer una intervención serena sobre este tema, puntualizó Leocadio Marín. En primer lugar, comunicarles que esa sentencia ha sido recurrida por el Ayuntamiento porque consideramos que es una sentencia manifiestamente injusta, pero primero he de decir que en 2003, cuando Javier Caliente se hace cargo de este Ayuntamiento, el importe de las nóminas de todos los empleados públicos de Baeza era de 4.000.000 de euros; en el 2006, último año completo de gobierno del Partido Popular, es de 6.000.000 de euros; aumentó en el 50% la cantidad de dinero que el Ayuntamiento de Baeza se gasta en personal”.
“Esta señora, continuó, forma parte de este invento, y muestro una resolución de 10 de septiembre de 2003, firmada por Andrés Blázquez Lechuga, y que dice “visto que el articulo 41,2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales establece que corresponde al alcalde la organización de los servicios administrativos de la corporación, en base a eso, y aclara después, que no se cierne sombra de que este proyecto de organización de efectivos encubra sanción o animadversión alguna de ningún miembro del equipo de gobierno y responde únicamente al cumplimiento de la obligación que tiene de servir a los intereses generales, bajo los principios de eficacia y economía”
Blázquez procede en su día al traslado de 17 personas, entre las que se encontraba María Antonia García, que pasa de cuidadora en la casa-hogar a servicios generales de la Residencia de Ancianos. “Esta señora alegó por escrito que no estaba preparada para atender a personas mayores y pidió una baja por depresión. Esto que ahora parece una ignominia, está por escrito que lo hizo él pasando a esa persona de cuidadora de la casa hogar a los servicios generales de la Residencia”.
Continuó diciendo que sin papeles ni decretos, Antonia García fue adscrita a Secretaría General del Ayuntamiento con la categoría de Auxiliar Administrativo, y después, se la consolidó en el SAC, se le ofertó una oposición, que ganó.
“En el traslado del Ayuntamiento, todo el archivo se metió en cajas y se dejó abandonado. Cuando había que empezar las obras, esa documentación había que clasificarla y archivarla convenientemente porque crea derechos y deberes de los ciudadanos, y no podía estar almacenada y olvidada. Como yo no quiero aumentar el personal del Ayuntamiento, y era necesario hacer esta función, disponemos de una persona que está cualificada para hacerlo porque ha aprobado una oposición de auxiliar administrativo, y simplemente la trasladamos de sitio para hacer esta función.”.
El juez, en la sentencia, dice que “no concurre urgencia” “Y cae en un grave eror”, señala el alcalde, a la hora de valorar las pruebas, porque dice “debió esperar ocho meses para que llegara la primera documentción”. “Yo no sé, continúa Leocadio Marín, de dónde saca el juez esa información, probablemente, porque una persona que actúa como testigo, hace perjurio y no dice la verdad”.
Acalara Marín que a Antonia García se le manda al archivo el 18 de agosto y el recibí firmado por la responsable del archivo es del 20 de agosto.
“Como el juez me ha pedido que en ejecución de sentencia esa señora tome posesión de su puesto, así lo hice ayer por decreto, pero vamos a seguir defendiendo lo que creemos que es la verdad y la justicia”, sentenció.