El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Huéscar ha fechado nuevamente la declaración como investigado del exalcalde de Castril José Juan López Ródenas (PSOE) para el próximo 31 de marzo, en el marco de las diligencias abiertas por supuestas irregularidades en la gestión de subvenciones públicas recibidas por la Fundación 'Centro José Saramago' de esta localidad del norte de la provincia granadina.

La nueva fecha para esta declaración, que se fija a las 12,00 horas, según recoge una providencia de la juez, a la que ha tenido acceso Europa Press, se produce después de que no se pudiera celebrar la prevista para el pasado 21 de enero "por fuerzas de causa mayor".

Según informaron fuentes del caso entonces a Europa Press, la causa de este nuevo aplazamiento fue la imposibilidad de desplazamiento de las partes implicadas y de la juez debido a las incidencias en las carreteras que provocó el paso de la borrasca 'Gloria' por la provincia de Granada.

Esa fecha había sido fijada después de que se pidiera el cambio de la toma de declaración por parte de la representación legal de López Ródenas, debido a, conforme también indicaron fuentes del caso, una cuestión de agenda de su letrado.

López Ródenas ya defendió en su momento en sede judicial su gestión en lo relativo a este caso. La fiscal interesó que, con base en la "documentación unida a las actuaciones con posterioridad a la declaración del investigado, en aras a garantizar el derecho a la defensa", se tome declaración al también exgerente de la fundación para ampliar la "inicialmente practicada".

Según trascendió hace poco más de un año, la Guardia Civil investigó, a petición del Juzgado, los movimientos de dos cuentas bancarias de la Fundación 'Centro José Saramago' de Castril en las que recibió más de un millón de euros en subvenciones públicas, en el marco de las diligencias abiertas por supuestas irregularidades en la gestión de estos fondos.

Estas diligencias fueron abiertas a finales de 2014 a raíz de una denuncia de la Fiscalía por supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones y falsedad, en la que ponía en cuestión el destino del dinero aportado por las instituciones y aludía a la ausencia de contabilidad que lo aclarase.

La Policía Judicial de la Guardia Civil investigó los movimientos que se produjeron entre 2008 y 2012 en estas cuentas, "en especial los traspasos y transferencias con destino desconocido", según consta en las actuaciones, a las que tuvo acceso Europa Press.

En el informe remitido al Juzgado, la Guardia Civil expuso que, en la primera de las cuentas, se ingresó algo más de 1,2 millones de euros de las subvenciones aportadas por la Junta de Andalucía, la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Castril. Este montante supuso la práctica totalidad de los ingresos.

La cuenta fue usada para afrontar "innumerables pagos mediante cheques, transferencias, traspasos, etcétera". La Guardia Civil no pudo identificar más de un centenar de estas operaciones por un importe total de 182.911 euros al no haber aportado la fundación y la entidad bancaria toda la documentación.

Del más del millón de euros que recibió el centro en subvenciones públicas, se traspasaron 642.545 euros a una segunda cuenta que también ha sido analizada. Desde aquí se abonaron 509.246 euros en nóminas para "al menos 26 personas" que "habrían trabajado en la fundación en el periodo investigado", según consta en el informe, que fue trasladado a la Fiscalía a finales de septiembre de 2018.

La Guardia Civil puso el foco de atención en "un pago masivo de nóminas a diez personas" que se produjo "justo el mes antes de que se celebrasen las elecciones municipales de mayo de 2011 y, por tanto, de que José Juan López Ródenas cesara, como así ocurrió, en el cargo de gerente de la fundación con la entrada de un nuevo equipo municipal", agrega el escrito. De la segunda cuenta la Policía Judicial no pudo identificar otras tantas operaciones por un importe de 87.651 euros.