El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pedido al Juzgado de Instrucción número 2 de Granada información por supuestas "dilaciones" en torno al caso del espeleólogo José Antonio Martínez Jiménez, que falleció en la cordillera del Atlas, en Marruecos, en el transcurso de una operación para su rescate por parte de las autoridades marroquíes.

   Esa petición de información se produjo después de que la defensa de la familia, ejercida por el despacho de abogados Ilocad, que dirige Baltasar Garzón, presentara una queja ante el órgano de gobierno de los jueces al considerar que el juzgado cometió "dilaciones e inhibiciones", según han explicado a Europa Press fuentes del CGPJ.

   Las mismas fuentes del CGPJ han detallado que el juzgado granadino ya le ha remitido la información solicitada y que ahora está analizando la misma para determinar si hay materia disciplinaria o simplemente jurisdiccional. En el caso de la primera, el consejo continuaría investigando el comportamiento del órgano judicial; mientras que en la segunda, se trasladaría al autor de la queja que no corresponde al órgano de gobierno de los jueces actuar y que debe recurrir, si lo considera, a instancias superiores.

   En la queja que Ilocad hizo llegar al CGPJ se exponen los "avatares" que la familia ha tenido que padecer desde que denunció su desaparición y cómo los Juzgados de Instrucción 12 y 7 de Granada y el Juzgado de Instrucción 12 de San Fernando, Cádiz, por los que ha pasado el caso "no han avanzado en la práctica de diligencias".

   La defensa de la familia de Martínez considera que la polarización del procedimiento ocasiona a ésta "una absoluta indefensión" y expone que en mayo se solicitó la práctica de una serie de diligencias de prueba, "sin que hasta la fecha se haya practicado averiguación alguna, lo que lleva al desconocimiento a día de hoy, de las circunstancias en las que murió".

   Así las cosas, denuncian que seis meses después, ninguno de los Juzgados ha llevado a cabo "ninguna averiguación sobre la muerte y la identificación de los posibles culpables", lo que provoca una "absoluta incertidumbre" e "indefensión jurídica, ante un entramado de conflictos de competencia que en cualquier caso obstaculizan el derecho de acceso a la justicia".

   A lo anterior se une que los recursos presentados por la representación procesal ni siquiera son resueltos, "lo que produce una desatención absoluta al derecho a la tutela judicial efectiva". El escrito señala que tiene lugar una revictimización por la acción del poder judicial que, "lejos de tutelar sus derechos, someten a la familia a una situación que agrava su duelo".

   Cabe recordar que el resultado del informe definitivo de autopsia practicado por el Instituto de Medicina Legal de Granada determinó que el fallecimiento del espeleólogo fue "muerte violenta", por "síndrome asfíctico", como consecuencia de "asfixia mecánica por sumersión y compromiso respiratorio". Ese informe "contradice abiertamente" el realizado el ocho de abril en Marruecos, en el que se había determinado como causa de la muerte un golpe en el cráneo unido a la hipotermia.