Los hermanos Álvaro y Francisco Javier Ruiz-Mateos Rivero, hijos del empresario José María Ruiz-Mateos, ha anunciado que presentarán recurso ante la Audiencia Provincial de Granada contra la sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Granada que les condena a dos años y nueve meses de cárcel y al pago de una multa de 1,8 millones de euros por un delito de fraude fiscal, por el impago del IVA correspondiente a la venta de un hotel en Peñíscola (Castellón) y transferir parte del importe de la operación a una cuenta suiza de una sociedad perteneciente a la familia y radicada en el paraíso fiscal de Belice.
En un comunicado remitido a Europa Press, ambos hermanos han recordado que esta sentencia no es firme sino recurrible en apelación, y han anunciado que va a ser apelada ante la Audiencia Provincial de Granada.
Tras expresar su "respeto" por el juzgado y por la sentencia, ambos empresarios discrepan de la misma por entender que "los hechos que declara no se ajustan a la realidad, y que las pruebas practicadas han sido valoradas de modo equivocado".
Así, apuntan que la sentencia "acepta que no hay pruebas directas de nuestra implicación en los presuntos hechos, pero lo resta importancia mediante un razonamiento singular, diciendo, en alusión a la intervención de terceras personas distintas del verdadero dueño de las sociedades afectadas, que 'combatir tales prácticas es mera cuestión de voluntad legislativa, sin embargo al haber sido adoptadas por varias organizaciones con poder político reportando grandes beneficios a algunos de sus miembros, ha determinado que ni se hayan combatido ni esté perfilado que lo vayan a ser'".
Consideran que con ese argumento, que, a su juicio, se sitúa en el marco de la "política legislativa", el juzgado "pasa por alto que, al ocurrir los presuntos hechos, hace 13 años, Javier y Alvaro Ruiz-Mateos Rivero estábamos en trance de concluir nuestros estudios, no prestábamos servicios a Nueva Rumasa, ni a la sociedad que compró y vendió el hotel (Estofer Patrimonial), y, simplemente, años atrás, habíamos sido, formalmente, administradores de una sociedad (Sinume) que es distinta de la que realizó el hecho imponible del impuesto sobre sociedades, ni los actos de disposición, que, ahora, trece años después, se juzgan delictivos".
Asimismo, indican que la sociedad Sinume, de la que fueron formalmente administradores, "no cometió infracción tributaria alguna y, por ello, no ha sido seguido procedimiento administrativo ni judicial contra ella".
A su criterio, la sentencia dictada "ha criminalizado nuestra pertenencia a la familia Ruiz-Mateos, sin tener en cuenta que, en nuestro Derecho Penal, la pertenencia a una familia no es un título de imputación jurídico-penal".
Javier y Álvaro Ruiz-Mateos confían en que la Audiencia Provincial "valore más correctamente las pruebas practicadas, y también la ausencia de pruebas incriminatorias contra nosotros".
