La diputada de Economía y vicepresidenta del Servicio Provincial Tributario de la Diputación de Granada, Inmaculada Hernández, ha dado cuenta este martes de la tramitación de la tasa provincial de tratamiento de residuos sólidos urbanos en Granada capital, donde ya se han ingresado 5.100 recibos.

   En una comparecencia pública junto al vicepresidente segundo de la institución provincial, José Robles, ambos dirigentes han aclarado que la tasa de tratamiento de residuos no es de nueva creación, sino que se ha separado del recibo por recogida de basura, que seguirán recaudando los ayuntamientos, mientras que el tratamiento de esa misma basura será gestionado por la Diputación.

   Según ha explicado José Robles, el origen de esta decisión está en la deuda generada por los municipios granadinos en los últimos diez años con el consorcio público Resur, dependiente de la Diputación, que ascendía a 25 millones de euros en 2012, a la que se sumaban los intereses de demora.

   La deuda se generó por problemas de cobro con los ayuntamientos, por lo que la Diputación decidió escindir el consorcio y que fuera la propia institución quien se encargara de la gestión del cobro del tratamiento de los residuos.

   No obstante, el vicepresidente segundo aclara que la Diputación "no va a cobrar más en cada municipio y a cada ciudadano por el tratamiento de residuos".

   "Las facturas se emitirán atendiendo al valor catastral de cada vivienda y local, además de tener en cuenta el volumen global de basura que produce un municipio concreto. Por lo tanto, se ha dispuesto de un factor corrector que tiene en cuenta a los municipios que más reciclan y menos basura producen. Este factor premia la colaboración ciudadana en el reciclaje, ya que mediante la misma se disminuye la cantidad de residuos generados en un municipio, y por consiguiente, el coste de tratamiento de los mismos, que se ve reflejado en la tasa de tratamiento de residuos".

   El objetivo de la tasa de tratamiento, según ha relatado, es conseguir una financiación estable de un servicio obligatorio para todos los municipios de la provincia.

   Incluye además medidas sociales en su aplicación, recogidas en la ordenanza reguladora, como son las bonificaciones para las familias con todos sus miembros en paro y viviendas vacías, que pagarán cero euros; pensionistas y familias numerosas, bonificadas en un cincuenta por ciento.

   "Una tasa que obedece al principio de que quien más contamina, más paga; está ajustada al coste real del servicio y encima tiene previstas una serie de bonificaciones que se ajustan a la situación real que estamos viviendo, que tienen en cuenta la menor capacidad económica que puedan tener los pensionistas y aquellas personas desempleadas, que a pesar de que puedan seguir generando sus residuos se les exonera del deber de pagar por la situación económica que atraviesan", matizó la diputada de Economía.

NO ES UNA NUEVA TASA

   Hernández recalca que, en ningún caso, la Diputación está poniendo una nueva tasa o impuesto, "sino gestionar el cobro de la tasa que ya existía, que todos los ciudadanos ya pagaban en su recibo de basura, pero por una gestión ineficaz que ha llevado a la quiebra del sistema, ha llevado a la empresa que explota todas las plantas de tratamiento de la Diputación, especialmente la situada en Alhendín como la más grande y donde se tratan toda la basura de la provincia, a ser ineficaz en el servicio, pudiendo crearse un problema de salud pública en la provincia. Para una mejor gestión y que el dinero del ciudadano vaya directamente al servicio, la Diputación ha tenido que tomar cartas en el asunto y dar respuesta a cualquier falta de gestión de gobiernos anteriores, que nunca ha actualizado las tasas, llegando a una deuda descomunal y a un servicio que no podía prestarse".

   La tasa se cobrará de forma anual, a excepción del ejercicio 2013, que el cobro ha sido correspondiente a los últimos seis meses. Inmaculada Hernández reiteró que la Diputación "no obtiene beneficio alguno, puesto que la tasa está destinada directamente a cubrir el servicio prestado". Recordó, a su vez, que se han invertido 20 millones de euros en la mejora de la planta de tratamiento de residuos de Alhendín, a fin de cumplir con la normativa europea relativa al reciclaje de basura, "mejora que nos ha posibilitado el cierre definitivo de 400 vertederos incontrolados de carácter particular", unido al funcionamiento de siete plantas más en toda la provincia, gestionadas por Diputación.

   El tratamiento de residuos sólidos urbanos es un servicio obligatorio por imperativo legal que tienen que prestar todos ayuntamientos de la provincia de Granada. En el año 1994 se creó Resur, como consorcio que gestionaba el tratamiento de las basuras en la provincia, "por tanto nunca los ayuntamientos de Granada han gestionado el tratamiento de los residuos".

   "Cuando el PSOE dice que vamos a acabar con los servicios públicos miente descaradamente porque nunca ningún ayuntamiento ni el de Motril, ni el de Güejar Sierra, ni el de Granada ni el de Armilla han gestionado el tratamiento de los residuos de la provincia. Lo ha hecho el Consorcio Provincial de Residuos", ha defendido el vicepresidente segundo de la Diputación.

   Robles señala que la Diputación de Granada, con la prestación de este servicio, pretende "conseguir una financiación estable para un servicio obligatorio". "A partir de ahí, a ningún gobierno le gusta poner una tasa o impuesto pero podíamos haber actuado como el Partido Socialista en los últimos veinte años en esta la Diputación, es decir , dejar que la deuda aumente y no cobrarle a los ayuntamientos por no molestar a sus compañeros de partido, decirle a alcalde de Armilla que había que pagar, al alcalde de Íllora que había que pagar , al alcalde de Láchar que había que pagar o al alcalde de Vegas del Genil. Simple y llanamente ellos no se podían meter con sus compañeros de partido", ha denunciado.

   Respecto a la "alarma social" creada a su juicio por el PSOE entre la ciudadanía sobre la tasa de tratamiento de residuos, José Robles indicó que lleva preguntando al grupo socialista en la Diputación de Granada "qué propuesta tienen para resolver este problema, que no digan que la solución es que hubiera seguido Resur, porque económicamente era insostenible y ellos han sido los responsables de que el consorcio se disuelva. Ahora se dedican a alarmar a la población cuando por suerte los vecinos de la provincia son mucho más responsables que los dirigentes socialistas y ya están pagando muchos su tasa de tratamiento de residuos".

   Por último, el vicepresidente informó que la provincia de Granada es la segunda que menos paga de toda Andalucía por tonelada de basura recogida, con 23,94 euros por tonelada, frente a los 48,32 euros que paga Cádiz o los 58,01 euros de Sevilla.