El coronavirus ha causado estragos en la provincia. Cádiz se ha situado entre las cinco con mayor cifra de víctimas mortales durante el mes de enero en España a causa de la enfermedad, 289, cifra de espanto que ha obligado a triplicar el acopio de féretros a José Ángel Chaves, responsable de la funeraria Bahía. De los 50 habituales, dispone ahora de unos 140. Ha tenido que contratar a tres personas. La plantilla antes de la tercera ola estaba formada, incluyéndole, por cuatro empleados.

“Los servicios están colapsados”, asegura. “Hemos tenido que atender cinco, seis, siete fallecimientos diarios por Covid-19 o por sus secuelas”, añade. El miércoles cuando atiende al teléfono, contaba cuatro. Y solo eran las cinco de la tarde.

“No hay sitio suficiente para velarlos”, afirma. Las familias, en muchos casos contagiadas al completo y, por ello, ausentes en la despedida, han de esperar hasta dos y tres días para incinerar a las personas queridas. El horno de Botafuegos se averió en enero y hasta que el PSOE no denunció su estado el pasado martes, el Gobierno local no ha reaccionado. El Ayuntamiento comenzó a repararlo hace tres días. Sin tregua en el volumen de fallecimientos diarios, la situación no parece tener fin.

Los empleados acusan el cansancio y la tensión. Los allegados no siempre encajan asumir que no volverán a ver al finado porque el ataúd se sella por motivos de prevención o por limitaciones de acceso o aforo en el tanatorio. Además, las intervenciones de los trabajadores se realiza con pesados equipos de protección individual (EPI) -mono antipandemia, careta facial con filtro, guantes, gorro y escarpines- y en delicadas condiciones durante dos o tres horas.

“Accedemos a los hospitales y a los domicilios particulares, en la mayoría de las ocasiones, con el resto de los convivientes en cuarentena y, sin embargo, las administraciones públicas no nos consideran colectivo de riesgo”, lamenta, por su parte, Fernando Alcón, presidente de Aesprof, la asociación española de servicios funerarios. Los gobiernos regionales tampoco parecen que vayan a darle prioridad para recibir la vacuna en la segunda fase de la campaña. “Somos conocedores de las dificultades logísticas y la escasez de dosis, pero el personal funerario debe ser considerado personal sanitario”, señala. Y esgrime dos certificados de profesionalidad, el de tanatopraxia y los de Operaciones en Servicios Funerarios y Atención al cliente y organización de actos de protocolo en servicios funerarios, para justificarlo. Algunos ayuntamientos, como el de Los Barrios, han apoyado esta demanda. Pero la Junta de Andalucía les ha dado largas hasta ahora.

Alcón no esconde su frustración. E insiste en el peligro que entraña la profesión por la manipulación a diario de los fallecidos, el contacto directo con los familiares y el incumplimiento de las distancias en los velatorios. “Es la costumbre”, admite, pero apela a la responsabilidad tanto en los tanatorios como en la vida en general porque la enfermedad es devastadora.

“A quienes incumplen las normas y celebran fiestas o a los negacionistas, no habría que multarles, sino obligarlos a que nos acompañaran en nuestro trabajo durante solo 24 horas”, sugiere. Sin embargo, considera que las cosas no van a cambiar sustancialmente mientras no se ofrezcan los números reales de víctimas y no se muestre la auténtica dimensión de la tragedia diaria que sufrimos.