Cádiz es la tercera provincia con mayor número de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), 4.665, de acuerdo a los datos sobre prestaciones transferidas por la Seguridad Social el pasado viernes 26 de juni. Solo Sevilla (6.448) y Madrid (7.031) están por delante. Sin embargo, es la octava provincia en población, con 1,1 millones de habitantes.
Estas cifras ponen de manifiesto la extrema vulnerabilidad de Cádiz, que ha sufrido especialmente las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. El coordinador Provincial de Cruz Roja Española, Javier Gil, apunta que, debido a la incidencia de la pandemia, la organización ha atendido a más de 33.400 gaditanos. “Hemos llegado a atender diariamente y durante semanas a 250 personas que precisaban de algún tipo de ayuda material”, señala. La desescalada ha reducido considerablemente el número a una quincena como máximo por jornada.
Pero la precariedad es una lacra anterior a la irrupción del coronavirus. Cádiz tiene cinco localidades (Barbate, Sanlúcar, Arcos, La Línea y Conil) entre los 50 municipios de menor renta de España y cuatro (Jerez, Sanlúcar, Chiclana y La Línea) entre los quince con mayor índice de paro.
El fenómeno afecta, en términos generales a Andalucía, que contaba en 2019 con más de 3,2 millones de andaluces viviendo en riesgo de exclusión, según el Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía, publicado por la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) y tiene su origen en “las relaciones de poder a gran escala” tejidas históricamente, según el profesor titular del departamento de Economía General de la UCA, Beltrán Roca.
Roca cita el trabajo de Carlos Posadas 'Arenas Poder, economía y sociedad en el sur. Historia e instituciones del capitalismo andaluz' que indica que, en palabras de Marcial Sánchez, profesor de Economía e Historia Económica en la Universidad de Sevilla sobre este mismo estudio, han prevalecido de manera muy especial en las grandes crisis que cambiaron el capitalismo y las instituciones españolas (1868, 1931 y 1978) tradiciones autoritarias, oligárquicas, endogámicas, de lucro al margen del mercado (y de la libre competencia), recurriendo a tratos privilegiados con el poder político.
Con Andalucía instalada en el furgón de cola al inicio del siglo XX, “han persistido la búsqueda de rentas, la propiedad desigualmente repartida, el diferente acceso al crédito, el desequilibrio educacional, el capital social relacional guardado en círculos privilegiados de información y acceso a oportunidades de negocio”, al tiempo que el mercado de trabajo ofrece una oferta saturada, alto desempleo, precariedad y bajos salarios, explica Sánchez en la Revista Andaluza de Antropología.
Roca se refiere a la noción de capitalismo extractivo para explicar el modelo basado en la potenciación de algunos pocos sectores que requieren mucha mano de obra con salarios bajos. “Los recursos naturales se extraen pero las cadenas de valor se realizan en otros territorios”, añade. Ante esto, plantea la reactivación de la actividad industrial desde lo público y apostar por la economía verde o la instauración de una renta básica universal, mucho más ambiciosa que cualquier otra de las prestaciones existentes hasta ahora, que son insuficientes.
No obstante, el Ingreso Mínimo Vital, agrega el coordinador provincial de Cruz Roja Española, es un paso muy importante porque permitirá que los beneficiarios no deban ocuparse únicamente de procurarse los recursos básicos para poder vivir o alimentarse. De manera que podrán mejorar la empleabilidad o la recualificación, aspectos que reforzará la organización en su labor durante la nueva normalidad. “Cuando planteamos un itinerario formativo a algún usuario, nos preguntan a veces quién pagará la bombona”, afirma. Estas ayudas son un impulso para las familias con situación precaria y una oportunidad para encontrar la integración laboral porque, subraya Gil, “no hay mejor política social que el empleo”.
