Un tribunal mexicano sentenció a 52 años y 6 meses de prisión a un general del Ejército que cometió delitos de tortura, homicidio y destrucción de cadáver en julio de 2008, informó hoy el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
El condenado ejercía el cargo de comandante de una guarnición militar en una ciudad del norteño estado de Chihuahua cuando ocurrieron los hechos.
El inculpado y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberán pagar, a quien acredite los derechos sucesorios de la víctima, un monto de 250.470 pesos (14.518 dólares/ 12.756 euros).
Además, el Juzgado Décimo de Distrito en Chihuahua instruyó a la Sedena a "ofrecer una disculpa pública, la aceptación de responsabilidad, así como la garantía de no repetición, por virtud de que el delito se cometió por un servidor público".
También le ordenó restablecer "la dignidad y reputación de la víctima" a través de medios electrónicos o escritos, y brindar atención médica y psicológica a los hijos de la víctima si es necesario, indicó el CJF, órgano administrador del Poder Judicial Federal, en un comunicado.
La sentencia llega pocas semanas después de que saliera a la luz un vídeo que muestra actos de tortura de dos militares y tres policías federales -todos ellos bajo proceso penal- a una civil, ocurridos en febrero de 2015 en el estado de Guerrero.
Tras la publicación del vídeo, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, pidió disculpas a la ciudadanía y calificó los hechos de "inadmisibles".
En el caso de los delitos cometidos en Chihuahua, la víctima fue detenida el 25 de julio de 2008 por elementos de Infantería, tras lo cual fue llevada a instalaciones militares.
Allí, narra la sentencia judicial, recibió descargas eléctricas "con el propósito de obtener información respecto de la muerte de un militar".
La prolongación de los actos de tortura hizo que la víctima falleciera, a pesar de los primeros auxilios proporcionados y "a consecuencia muy probablemente de fibrilación ventricular y paro cardiorrespiratorio secundarios a descargas eléctricas".
Su cadáver fue transportado a un rancho donde fue incinerado de manera clandestina.
En México era frecuente hasta hace pocos años que cuando los detenidos eran presentados a la prensa aparecieran con moretones o señales de haber sido amedrentados físicamente durante su declaración.
Ante las denuncias de organizaciones de derechos humanos, desde 2013 el Gobierno decidió suprimir esas presentaciones formales a los periodistas.
Según Amnistía Internacional, entre 2013 y 2014 aumentaron en más del doble las denuncias de tortura en México, al pasar de 1.165 a 2.403.
