La Cámara baja del Parlamento ruso aprobó ayer viernes un proyecto de ley con el objeto de reforzar la protección de los secretos de Estado y, en particular, penalizar el acceso ilegal a estos datos al margen de los delitos de espionaje y alta traición.
El documento, presentado a título del Gobierno del presidente, Vladimir Putin, prevé introducir en el Código Penal un artículo que castigue con multas de hasta 500.000 rublos (unos 12.700 euros) o penas de prisión de hasta cuatro años a la persona que obtenga un secreto de Estado mediante robo, engaño, soborno, chantaje, coerción o amenaza de violencia. Varias agravantes pueden elevar la pena carcelaria a ocho años.
El subdirector del Servicio Federal de Seguridad (FSB), Yuri Gorbunov, quien se encargó de presentar la nueva ley durante la sesión parlamentaria de este viernes, introdujo una enmienda en los artículos 275 ("alta traición") y 276 "espionaje" del Código Penal, incluyendo en la lista de posibles destinatarios de datos clasificados a "organismos internacionales, porque son usados activamente como cobertura y se dedican al espionaje por cuenta propia", según informa la agencia oficial de noticias rusa, RIA Novosti.
Varios grupos rusos pro derechos humanos, entre ellos Memorial, anunciaron la intención de boicotear esta propuesta. Memorial, en una declaración publicada ayer en su página web, la calificó de "anti legal porque atribuye al Ejecutivo las prerrogativas judiciales, y amoral, porque presupone que las ONGs financiadas desde fuera cumplen las indicaciones de sus patrocinadores".
