El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, aseguró ayer que en España hay los “liberados” sindicales que corresponde según establece la ley, y por tanto él considera que “son los que deben de estar”.

En estos términos se expresó, en los pasillos del Congreso, respecto al polémico anuncio de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, de suprimir por ley la condición de liberados sindicales a unos 2.000 trabajadores de la Comunidad de Madrid.

“Lo que hay que hacer es cumplir la ley, y por lo tanto, sobre ese particular, cualquier debate que quiera hacer la presidenta de la Comunidad de Madrid creo que debe hacerlo en un clima de más rigor y más serenidad”, explicó Corbacho.

Además, el titular de Trabajo criticó que Aguirre trate de “aprovechar” electoralmente este asunto, algo que según él “es en definitiva lo único que pretende”.

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, confirmó que su grupo ha intentado a través de centenares de preguntas parlamentarias averiguar cuántos liberados hay en la Administración General del Estado, aunque sin éxito.

El dirigente del PP reclamó la máxima transparencia a los sindicatos sobre esta cuestión y les ha pedido que sigan el ejemplo de la clase política.

“Los políticos estamos desvelando nuestro patrimonio, diciendo cuánto ganamos y poniendo de manifiesto cuántos somos y dónde estamos”, subrayó.

En su opinión, los sindicatos “como mínimo deberían hacer igual que los políticos y contarles a los españoles cuántos liberados sindicales están viviendo del dinero público”.

Mesa de la Función Pública

La Comunidad de Madrid convocó ayer a los sindicatos a una reunión el viernes de la Mesa General de la Función Pública para negociar la reducción de los liberados sindicales, mientras continúan las críticas al proyectado recorte de ese sector sindical anunciado por la presidenta Esperanza Aguirre.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, explicó que propondrá reducir de 3.500 a 1.490 los liberados en la administración autonómica, que son los “elegidos por los trabajadores en las elecciones sindicales”, mientras que los 2.010 restantes se “reincorporarán a su puesto de trabajo”.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, aseguró en los pasillos del Congreso que en España hay los “liberados” sindicales que establece la ley, y por tanto “son los que deben de estar”.

Cualquier debate “que quiera hacer la presidenta de la Comunidad de Madrid creo que debe hacerlo en un clima de más rigor y más serenidad”, declaró Corbacho, para quien “lo único que pretende” Aguirre es “aprovechar” electoralmente este asunto.

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, reclamaron a Aguirre que “si quiere recortar derechos, lo diga” ya que los que se poseen esos liberados sindicales “son también derechos constitucionales”.

Según Cándido Méndez, Aguirre “sabe que somos un obstáculo serio para privatizar la sanidad en su comunidad” y “tiene poco que decir en el debate del estado de su región, con lo que tiene que echar una liebre a correr”.
Para Toxo hay afirmaciones que “pretenden mucho ruido.