La ONG Amnistía Internacional (AI) ha alertado este martes de que durante el año 2022 se registró la cifra más alta de ejecuciones a nivel mundial de los últimos cinco años, una práctica que ha estado especialmente concentrada en países de Oriente Próximo y el norte de África.
En su informe anual sobre la pena capital, la organización ha señalado que en total se han producido 883 ejecuciones en una veintena de países, lo que representa un 53 por ciento más respecto a los datos recabados en 2021.
A la cabeza de este aumento de las ejecuciones --que no incluye datos de este tipo en China, donde se estima que un millar de personas son ejecutadas al año-- se encuentra Irán, que acumula 314 ejecuciones, seguido de Egipto y Arabia Saudí. Así, todavía con 55 los países que recurren a esta práctica.
"Los países de la región de Oriente Próximo y el norte de África violaron el Derecho Internacional al aumentar las ejecuciones en 2022, revelando una cruel indiferencia hacia la vida humana", ha alertado la secretaria general de Amnistía, Agnès Callamard.
En este sentido, ha señalado que el número de personas a las que se ha privado de la vida "aumentó de forma espectacular en toda la región" y ha puntualizado que Arabia Saudí ejecutó a 81 personas en un solo día.
"Más recientemente, en un intento desesperado de acabar con el levantamiento popular, Irán ha ejecutado a personas sólo por haber ejercido su derecho a protestar", ha puntualizado antes de afirmar que se tratan de datos "alarmantes".
El 90 por ciento de las ejecuciones realizadas fuera de China han tenido lugar en tres países: Irán, Arabia Saudí y Egipto, con 576, 196 y 24, respectivamente, según datos de Amnistía, que ha afirmado que el uso de la pena de muerte sigue estando rodeada de "secretismo" en países como China, Corea del Norte y Vietnam. Es por ello que la organización considera que estas cifras podrían ser mucho mayores,.
Aunque seis países han pasado a abolir la pena capital parcial o totalmente durante ese periodo de tiempo, otros cinco han pasado a reanudar las ejecuciones en sus territorios, como Afganistán (donde se siguen realizando ejecuciones públicas), Kuwait, Birmania y Singapur.
El número documentado de personas ejecutadas por relacionados con el tráfico de drogas se duplicó "con creces" en 2022 en relación con 2021, tal y como denuncia el informe, que apunta a que este tipo de ejecuciones "violan el Derecho Internacional".
Se han documento ejecuciones por este tipo de delitos en países como Arabia Saudí (57), China, Irán (255) y Singapur (11), que representaron el 37 por ciento de todas las ejecuciones documentadas en todo el mundo por la organización.
"En una cruel ironía, casi el 40 por ciento de todas las ejecuciones conocidas fueron por delitos de drogas. Lo que es peor: este cruel castigo suele afectar desproporcionadamente a las personas de entornos desfavorecidos", ha declarado Callamard. "Ya es hora de que los gobiernos y Naciones Unidas aumenten la presión sobre los responsables de estas violaciones flagrantes de los Derechos Humanos y garanticen el establecimiento de salvaguardias internacionales", ha sostenido.
El informe destaca, además, el uso de diferentes prácticas para llevar a cabo estas penas y matiza que solo en Arabia Saudí siguen recurriendo a la decapitación para realizar estas ejecuciones, mientras que otros países como Bangladesh, Egipto, Irak, Japón, Birmania y Sudán del Sur utilizan el ahorcamiento.
Solo en China, Estados Unidos y Vietnam, los ejecutados son sometidos a la inyección letal, mientras que en Afganistán, Bielorrusia, China, Corea del Norte, Somalia y Yemen, entre otros, utilizan armas de fuego.
Si bien el número de ejecuciones ha ido aumentando, las condenas a pena de muerte impuestas a lo largo de 2022 se ha mantenido a niveles similares a años anteriores, en torno a los 2.000.
Los datos obtenidos por Amnistía indican que 28.670 personas siguen estando condenadas a muerte en todo el mundo, mientras que el número total de estas condenas disminuyó en 2022 respecto a los datos de 2021. En este periodo, se dictaron al menos 2.016 nuevas condenas frente a las 2.052 de 2021.
Sin embargo, las variaciones en la naturaleza y la disponibilidad de la información sobre condenas a muerte en algunos países dificultan la evaluación de este total global en comparación con los de años anteriores, tal y como explica la ONG en su informe, que apunta a que en 2022 se impusieron este tipo de sentencias en 52 países, cuatro menos que el año anterior.
A pesar de estos datos, Amnistía ha destacado que países como Kazajistán, Papúa Nueva Guinea, Sierra Leona y República Centroafricana han logrado abolir la pena de muerte para todos los delitos, mientras que Guinea Ecuatorial y Zambia la abolieron sólo para los delitos comunes.
Así, según datos de diciembre de 2022, 112 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y nueve han retirado su uso para delitos comunes. "Cuando tantos países siguen relegando la pena de muerte al vertedero de la historia, es hora de que otros sigan su ejemplo", ha manifestado Callamard.
Para ella, las "acciones brutales como las realizadas en países como Irán y Arabia Saudí, así como en China, Corea del Norte y Vietnam, son ya una minoría", pero ha insistido en que "estos países deben adaptarse con urgencia a los tiempos, proteger los Derechos Humanos y hacer justicia en lugar de hacer ejecuciones".
"Con 125 Estados miembros de la ONU que piden una moratoria de las ejecuciones, Amnistía Internacional no ha sentido jamás tanta esperanza como ahora de que este abominable castigo puede ser relegado a los anales de la historia y de que así va a ser", ha expresado, no sin antes matizar que las "trágicas cifras de 2022 nos recuerdan que no podemos dormirnos en los laureles". "Seguiremos haciendo campaña hasta que la pena de muerte quede abolida en todo el planeta", ha puntualizado.
