CC.OO., UGT y CSI-CSIF han presentado ante el Ministerio de Trabajo e Inmigración el preaviso de la huelga general en el sector público anunciada para el próximo 8 de junio, aunque desconfían en que sirva para desactivar el decreto ley del Gobierno, que incluye la rebaja de un 5% de media de los salarios públicos.

"La huelga tiene muy escasas posibilidades de cambiar el rumbo del decreto", admitió el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, a lo que su homólogo de CC.OO., Enrique Fossoul, agregó: "Una buena respuesta a un recorte como este cerraría la puerta a un nuevo intento de vulnerar la negociación colectiva, por parte de este u otro Gobierno".

Fossoul se refería así a la subida salarial del 0,3% pactada entre el Ejecutivo y los funcionarios para este año y que fijaba su revisión hasta 2012. "Hoy es un día muy desagradable para los sindicatos, porque nos deja la decepción de que el compromiso y esfuerzo de septiembre no ha servido para nada", lamentó Lacuerda antes de entrar en Trabajo para presentar el preaviso de la huelga.

Así pues, el representante de UGT aseguró que los sindicatos no tenían previsto llegar a convocar una huelga, al afirmar que los funcionarios ya se habían comprometido con la crisis en el acuerdo de septiembre: "El acuerdo estaba impregnado de responsabilidad", se resignó.

Por su parte, el presidente del CSIF, el sindicato mayoritario de la función pública, Domingo Fernández, denunció la ruptura de la proporcionalidad de la retribución de los empleados públicos, y quiso dejar patente el "disgusto y el enfado" de este colectivo. "Todo (el decreto) ha sido una chapuza y es muy confuso, es una indignación muy grande", explicó.

"No son los culpables del déficit"
Asimismo, Fernández insistió en que los funcionarios no son los "culpables" de la escalada del déficit, por lo que instó a recortar, antes que el salario público, las duplicidades de competencias en las administraciones y reducir los "miles" de asesores. "Ya está bien de altos cargos, de miles de asesores y gastos corrientes sin control. Ahí es donde hay que atajar el problema, y luego si no es suficiente, que también pidan a los funcionarios que se apreten el cinturón", sentenció.

Sobre la influencia del decreto en el diálogo social, Lacuerda y Fossoul compartieron que sí que debe afectar a la negociación tripartita, puesto que el Gobierno "ha hecho girar" las peticiones de la CEOE. "La rebaja salarial sienta un precedente también para el sector privado", advirtió Fossoul.