El decreto con los recortes sociales aprobado por el Gobierno encendió la tarde de ayer el debate en el Senado y provocó duros enfrentamientos entre Ejecutivo y oposición, con un PP empeñado en pedir elecciones anticipadas e incluso, desde la bancada, la dimisión de José Luis Rodríguez Zapatero.

El jefe del Ejecutivo hizo frente a su primera sesión de control tras la aprobación del plan de ajuste –hoy también contestará en el Congreso a preguntas económicas– con un discurso que centró en la necesidad de estos recortes para acelerar la reducción del déficit y permitir así un crecimiento “más sólido y sostenible”.

Una justificación que no sirvió al portavoz del PP en la Cámara Alta, Pío García Escudero, quien se preguntó dónde está ahora “el gran protector de los derechos sociales” y le acusó de haber decidido, “con la furia del converso”, el “mayor recorte” de dichos derechos en la historia de la democracia.

El senador del PP pidió a Zapatero que, “si le queda un ápice de dignidad”, convoque elecciones generales, un ruego que el presidente interpretó como ejemplo claro de lo único en lo que piensan los populares, la victoria en las urnas, en lugar de importarles la crisis o el desempleo.

Zapatero defendió la legitimidad de su gobierno y su partido en cuestiones sociales, y aseguró que en seis años al frente del Ejecutivo el gasto social ha aumentado el 50%, y con el recorte aprobado sólo se reduce el 1,5%.
Además insistió en que han sido los socialistas, y no el PP, los que han subido las pensiones y el salario mínimo, han aprobado la Ley de Dependencia o dan cobertura en este momento al 80% de los desempleados.

Frente a su actitud “responsable”, Zapatero contrapuso la del Partido Popular, el único partido en Europa, dijo, que se muestra en contra de una reducción del déficit público que todos los gobiernos del continente y los organismos internacionales consideran imprescindible.

El portavoz de los populares en el Senado se ensañó con Zapatero y le definió como un “boxeador grogui que da puñetazos al aire” un “tragasables” o un dirigente “desbordado” por la crisis que ahora actúa improvisadamente por mandato de Europa, el FMI y el presidente estadounidense, Barack Obama.

Para García Escudero, el verdadero impostor es el Zapatero “de ahora”, el que “con cara de funeral pide sacrificios” a quienes ya los han hecho, como parados, pensionistas o funcionarios , y “no pide disculpas”.

Incluso acusó a Zapatero de ser el “único responsable” de que España sea un país “vergonzosamente tutelado” y afectado por un elevado paro, un déficit desbordado y una deuda difícil de colocar en los mercados internacionales.

El enfrentamiento entre Zapatero y García Escudero provocó en el hemiciclo del Senado unos minutos sin debate parlamentario en los que los senadores del PP gritaron sin descanso “Zapatero dimisión” mientras los socialistas aplaudían al jefe del Ejecutivo en pie, un momento de alta tensión que el presidente de la Cámara, Javier Rojo, calificó de “lamentable”.

Tras Zapatero le tocó el turno en materia económica al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, quien eludió responder al PP si habrá una nueva prórroga para las prestaciones por desempleo para quienes han agotado su protección.

Sí apuntó Corbacho la cifra de beneficiados con esta medida: 338.952 desempleados.

El ministro negó por otra parte que el Gobierno maquille las cifras del paro, como apuntó el senador del PP Antolín Sanz, en alusión al hecho de que no consten en el desempleo registrado quienes hacen un curso de formación, algo que, según Corbacho, establece una norma desde 1985.

Corbacho, que apenas entró en polémicas en sus respuesta a los senadores del PP que le preguntaron durante el pleno, hizo unas declaraciones en los pasillos del Senado en las que aseguró que hay “señales positivas” en las negociaciones de la reforma laboral entre sindicatos y empresarios.

Piden que no se congelen las pensiones en 2011

El pleno del Congreso, con la excepción del PSOE, instó ayer en una moción del PP a que el Gobierno se comprometa al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, después de que el real decreto contra el déficit recoja la congelación de las pensiones contributivas para 2011.

En la defensa de la moción, el diputado del PP Tomás Burgos incidió en que el Pacto de Toledo está vigente y obliga al Ejecutivo, “a no ser que lo dé por muerto”. Burgos subrayó que la congelación que defiende el Gobierno es un desafío en toda regla a la pervivencia del Pacto, “que es una conquista de todos, y patrimonio social y seña de identidad de los españoles”.

El diputado del PP señaló que el recorte de gasto que prevé el real decreto contra el déficit es una injusticia y una arbitrariedad para millones de pensionistas por parte de un Gobierno sin coherencia en sus decisiones.

A su juicio, para reducir el gasto hay otras alternativas como están haciendo países como Italia y Reino Unido, “sin machacar los derechos de los ciudadanos”. Por ello, insistió en que los pactos están para cumplirse y no para disponer de ellos a su antojo.

Desde CiU, Carles Campuzano resaltó la necesidad de reafirmar el compromiso con, “quizás”, la recomendación más importante del Pacto de Toledo sobre la capacidad adquisitiva de los pensionistas.

Campuzano indicó que el sistema de pensiones no es el culpable de la crisis ni del déficit y criticó al Ejecutivo que su recorte castigue a los pensionistas, por lo que le pidió que no vuelva a dar más lecciones sobre política social.

Los diputados, 10% menos de sueldo

La Junta de Portavoces del Congreso acordaron en la jornada de ayer por unanimidad recortar el salario de los diputados en un diez por ciento, en lo que corresponde a la asignación constitucional básica, mientras que, por su parte, el presidente de la Cámara tendrá una reducción del quince por ciento en su complemento salarial.

A los complementos de los portavoces y los miembros de la Mesa se les aplicará una reducción del doce por ciento. Además, a propuesta del PNV y del PP, la Junta ha acordado suspender todos los viajes internacionales de los diputados excepto los que estén obligados por tratados internacionales, una medida destinada a paliar el déficit público.

Este acuerdo se ratificará el próximo jueves en una reunión conjunta de las Mesas del Congreso y Del Senado para abordar esta cuestión.