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El Ayuntamiento adopta soluciones ante el cierre de la planta de tratamiento de RSU

El Ayuntamiento está adoptando soluciones alternativas tras el cierre de la planta de tratamiento de residuos, ubicada en Huerta del Peñón, “que se ha producido de forma unilateral por parte de la empresa concesionaria".

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El Ayuntamiento está adoptando soluciones alternativas tras el cierre de la planta de tratamiento de residuos, ubicada en Huerta del Peñón, “que se ha producido de forma unilateral por parte de la empresa concesionaria a consecuencia del cierre del vertedero del cual se servía a coste cero”, según ha explicado el concejal de Sostenibilidad, Miguel Díaz, en la rueda de prensa ofrecida junto al edil de Limpieza, Francisco García.

Díaz ha recordado que la Junta de Gobierno Local del 1 de marzo acordó el cierre de dicho vertedero “que había estado operando de forma irregular durante 18 años, para cumplir con la legislación ambiental vigente” y ha apuntado que como consecuencia de dicho cierre, la planta de tratamiento anexa ha decidido cerrar también sus instalaciones.

“El Equipo de Gobierno actuó con el cierre del único modo en que tenía que hacerlo. La empresa concesionaria de la planta de tratamiento se había estado beneficiando de su existencia desde el año 2002, para depositar allí sin coste alguno los rechazos del tratamiento de los distintos residuos en lugar de llevarlos a la planta de Casares, como era lo pertinente”, ha señalado el edil.

Además, Díaz ha apuntado que desde el año 2010 existían “discrepancias” entre Ayuntamiento y concesionaria, “hasta el punto de que en el 2012 le impide al consistorio que deposite los residuos voluminosos (muebles y enseres recogidos por el área de Limpieza) y lo que hizo el anterior Equipo de Gobierno del PP fue enterrarlos en el vertedero que operaba de forma irregular”.

Por otra parte, “en 2010 incluso le permitió a la concesionaria una ampliación de la planta de tratamiento, poniéndole un cánon de 23.000 euros anuales que nunca se le ha llegado a cobrar a la empresa”, ha denunciado Díaz.

Una de las medidas que ha adoptado el Ejecutivo local desde el pasado mes de septiembre para cumplir con la legalidad ha sido “trasladar dichos residuos a un espacio que se ha acondicionado en la planta de transferencia y de ahí van a la planta de tratamiento ambiental de Casares, aunque ello conlleva un coste para el Ayuntamiento de unos 170.000 euros anuales”.

Por otra parte, según el concejal de Limpieza el Ayuntamiento también está trabajando en solventar la recogida de escombros de residuos de obras y podas del Ayuntamiento que tenía que realizar la concesionaria y que en el caso de la poda era de 2.500 toneladas al año, así como otras 4.000 de muebles. “Aparte, nos tenían que recoger los escombros de las obras menores municipales, que eran en torno a las 10.000 toneladas”.

“También hemos buscado una solución para los pequeños proveedores, las pequeñas mercancías, habilitándoles unas balsas en la entrada de las instalaciones para que puedan seguir depositando los residuos mientras buscamos una solución definitiva”, ha señalado García.

En el caso de los transportistas, “nos hemos reunido con ellos para buscar una solución posible como la cesión de una parcela por parte de una empresa privada previa negociación con otra, para que se pudiera realizar el depósito de grandes volúmenes; mientras tanto, indicarles que pueden hacerlo en las plantas más cercanas como Estepona o Mijas”.

Tras señalar que la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento “está trabajando en el tema”, García ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos “para que no realicen los depósitos en lugares no habilitados para ello”, ha finalizado.

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