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Marbella

Cuatro años de cárcel al exedil de Marbella que estuvo fugado por el caso Malaya

La Audiencia de Málaga ha condenado por el caso \'Malaya\' a cuatro años de prisión y 21 de inhabilitación especial para empleo o cargo público al exedil de Marbella (Málaga) Francisco Javier Lendínez, que estuvo casi cinco años fugado

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La Audiencia de Málaga ha condenado por el caso 'Malaya' a cuatro años de prisión y 21 de inhabilitación especial para empleo o cargo público al exedil de Marbella (Málaga) Francisco Javier Lendínez, que estuvo casi cinco años fugado. Se le condena por los delitos de cohecho pasivo para acto injusto no realizado y por fraude y prevaricación en relación con un convenio urbanístico.

   El Tribunal, el mismo que juzgó el caso 'Malaya', contra la corrupción en Marbella, acuerda también que el acusado indemnice al Ayuntamiento marbellí, de forma conjunta con procesados que ya han sido condenados, como el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca y el exalcalde Julián Muñoz, con 1,3 millones de euros, según la sentencia de 288 folios, a la que ha tenido acceso Europa Press.

   El juicio se celebró para él en junio pasado, ya que cuando fueron juzgados el resto de acusados de esta macrocausa, el exconcejal se encontraba en paradero desconocido. Tiene varias condenas a penas de prisión por delitos urbanísticos y, además, está imputado o procesado en varios procedimientos que aún están en fase de instrucción.

   La Fiscalía acusó al que fuera edil del Grupo Independiente Liberal (GIL) de los delitos de cohecho, malversación de caudales y prevaricación administrativa, al igual que las representaciones del Ayuntamiento marbellí y la Junta de Andalucía; mientras la defensa pidió su absolución, al considerar que no se le puede imputar delito alguno.

   Las acusaciones sostuvieron que los archivos intervenidos en la empresa Maras Asesores, vinculada a Roca, aludían a dos pagos de 6.000 euros a LB, que identificaron con Lendínez, en diciembre de 2004 y febrero de 2005, cuando estaba ya en la oposición. Además, se le acusaba por aprobar como miembro de la comisión de gobierno un convenio que supuso un perjuicio municipal de 1,3 millones.

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