El Ayuntamiento de Marbella ha reclamado al Gobierno andaluz y a PSOE e IU "un cambio de discurso y un apoyo constructivo" al proyecto de ampliación del puerto de La Bajadilla. Por ello, pedirá a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) el archivo definitivo del expediente de rescate de la concesión tras el pago de 1,8 millones de euros del canon por parte de la empresa concesionaria, Nasir Bin Abdullah & Sons, del jeque catarí Abdullah Al-Thani.
Así lo ha informado este viernes en rueda de prensa el concejal de Turismo, José Luis Hernández. En este sentido, ha incidido en que "se ha cumplido la práctica totalidad de las exigencias que la Junta había establecido y que motivaron el inicio del expediente, por lo que debería ser archivado con la máxima diligencia".
En concreto, ha especificado que se ha constituido la sociedad con el desembolso del capital social de más de cinco millones de euros, se ha abonado el pago a proveedores, se ha generado la estructura administrativa de trabajo y se ha nombrado a un gerente para que se haga cargo del desarrollo y administración del actual puerto.
El edil del PP ha indicado que "el desembolso total asciende a 11,5 millones de euros, por lo que hay motivos más que suficientes para otorgar todo el crédito al proyecto y así debería refrendarlo la Junta". Ante esto, ha solicitado "un apoyo constructivo" tanto al Gobierno autonómico como a los partidos que lo integran, PSOE e IU.
Hernández ha expuesto que "hasta ahora no ha sido así y es el momento de que todo el mundo dé un paso adelante para que se facilite la ejecución del proyecto y no se obstaculice". Para el concejal, "la Junta ha ejercido su función de control, pero en el momento en que ha habido problemas se ha desmarcado e, incluso, ha llegado a ridiculizar al inversor y a hablar del fracaso del Ayuntamiento cuando no éramos responsables de la situación".
Asimismo, ha asegurado que el Ayuntamiento "ha actuado siempre con la máxima lealtad y ha llevado a cabo un trabajo de mediación que ha dado sus frutos", por lo que "ahora que no hay obstáculos, la Junta debería estar a la altura de las circunstancias y de lo que reclama toda la sociedad de la Costa del Sol ante un proyecto esencial".
En cuanto a los siguientes pasos del proceso, Hernández ha avanzado que se debe nombrar a un equipo técnico que se encargue del desarrollo del proyecto, ante lo que ha comentado que "nos consta que se está trabajando en ello y que en los próximos días podría hacerse público".
Se va a materializar, además, el proceso de participación del Ayuntamiento en un tres por ciento en la sociedad que construya el puerto, un paso que, según ha apuntado, "estaba condicionado por el cumplimiento de los compromisos y que nos va a permitir aportar nuestra experiencia en la gestión portuaria y ayudar a que se haga realidad el proyecto".
La empresa del jeque Al-Thani ingresó en la Agencia Pública de Puertos de Andalucía los 1,8 millones que tenía pendientes del canon correspondiente a los ejercicios 2012 y 2013 --750.000 euros por cada ejercicio más 300.000 euros de IVA--. Se trata del requisito fundamental que le exigía la Consejería de Fomento y Vivienda para la suspensión definitiva del expediente de rescate de la concesión.
El delegado territorial de Fomento y Vivienda de la Junta en Málaga, Manuel García Peláez, ya mostró este pasado jueves su "satisfacción" ante el hecho de que "el jeque rectifique y retome un proyecto que estaba parado desde hace más de año y medio".
Precisamente, declaró que con el abono de estos 1,8 millones de euros el expediente de rescate de la concesión, que fue abierto el pasado mes de mayo y que se encuentra suspendido provisionalmente, podría anularse "de manera definitiva".
García Peláez también salió al paso de las críticas del Ayuntamiento de Marbella, que calificó de "injustas, al culpar a la Consejería de una situación que en absoluto habíamos contribuido a crear con el único objetivo de eludir su responsabilidad".
"Desde la Junta hemos cumplido siempre con nuestra responsabilidad y hemos actuado defendiendo la legalidad y el interés general de la ciudadanía", defendió el delegado territorial.
