El inspector que dirigió la investigación contra Joakim Peter Broberg, hijastro de la alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz (PP), ha aseverado este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que Broberg "abastecía" de estupefacientes a organizaciones criminales que acudían a él para adquirir esas sustancias.
Según ha explicado, en 2019 las organizaciones suecas estaban tratando de establecer contactos con proveedores de droga españoles y lo hacían a través de figuras como la de Broberg ya que tenía "contactos simultáneos entre los clientes y los proveedores" --principalmente marroquíes--.
"La dinámica que siempre hemos visto es la misma: Joakim Broberg negocia la venta de estupefacientes con unos clientes --marihuana y hachís-- y él, personalmente, enseña muestras. Y es su colaborador, Roberto Bayona, el que contacta con el proveedor y el que hace las entregas de droga", ha explicado.
Esto lo ha sustentado en seguimientos a la red investigada y a diversas intervenciones telefónicas en las que el principal encausado utilizaba jerga relativa a la venta o alquiler de pisos para referirse a la supuesta negociación de sustancia estupefaciente.
Al hilo, ha explicado que el origen de la investigación está en una solicitud de las autoridades suecas para realizar una serie de vigilancias a personas que eran objetivo de ese país. Y a raíz de las mismas, comprobaron que había vinculación con una red dedicada al narcotráfico en España que servía de canal de provisión de droga hacia países del norte de Europa.
La defensa de Broguer, por su parte, ha preguntado al investigador por ese arranque de la investigación, por cómo recibieron la información sueca y cómo lo trasladaron a la Fiscalía española. Al hilo, el investigador ha apuntado que toda la documentación que recibieron era "inabarcable" por lo que no trasladaron todo al detalle al Ministerio Público sino por medio de un informe.
Además, ha atacado que los agentes solicitaran autorización judicial para escuchar las conversaciones privadas de su cliente partiendo de indicios que no ha considerado suficientes como para vulnerar ese derecho a la privacidad de las comunicaciones.
EL ESCRITO DE FISCALÍA
Cabe recordar que la Audiencia Nacional juzga a Broberg, hijastro de la alcaldesa de Marbella, como uno de los presuntos jefes de una red que se encargaba de enviar droga al norte de Europa, unos hechos por los que también son juzgadas otras 28 personas.
En su escrito, la Fiscalía Antidroga señala a Broberg como autor de un delito contra la salud pública, relativo a sustancias que no causan grave daño, cometido en el seno de una organización criminal de la que sería "jefe", por el que le reclama 11 años de prisión; otro de cohecho, por el que interesa 4 años; y uno de blanqueo de capitales, por el que solicita 7 años. Además de esos 22 años de cárcel, pide imponerle una multa de más de 30 millones de euros.
Según el Ministerio Público, durante 2019, Broberg y Roberto Bayona, otro de los acusados, "realizaron entregas de marihuana desde España a Francia". Mientras que el primero "ejerce de jefe y se ocupa de mantener los contactos con los proveedores y los clientes", Bayona "realiza las entrevistas personales, seguimientos y servicios de lanzadera que sean necesarios".
Al año siguiente, Broberg "mantuvo contactos con distintos proveedores de sustancias como el conocido en EncroChat como 'Canaryegg', en orden a abastecerse de sustancias procedentes de Marruecos y que llegarían en barco a España". "Se constituye así en un grupo criminal con Bayona" y otros acusados, "manteniendo contactos con miembros de otras redes (...) a efectos de suministrar sustancias", detalla Fiscalía.
Además, en el marco de estas presuntas actividades, Broberg "mantiene contactos con Rafael Gallego, policía local de Marbella, que le facilita información restringida de uso exclusivamente policial, a cambio de dinero en efectivo, no pudiendo determinarse la cantidad efectivamente obtenida, dinero e información que se intercambian en encuentros personales para no dejar rastro".
A ello, la Fiscalía suma que, para ocultar el origen de los fondos obtenidos con los que "efectúa sus actividades empresariales y de inversión", Broberg contaba con la colaboración de su fallecido padre, Lars Gunnar Broberg, que también fue procesado por este caso.
Para llevar a cabo estas presuntas operaciones de blanqueo de capitales, Broberg tendría como "base de operaciones" dos oficinas inmobiliarias en el centro comercial Plaza de Marbella, de acuerdo con el Ministerio Fiscal.
Fue en octubre de 2022 cuando el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, procesó a una treintena de personas, entre ellos Broberg y su padre, por formar parte de una organización liderada por ciudadanos suecos que habrían exportado desde España grandes cantidades de estupefacientes, sobre todo marihuana y hachís, hacia los países nórdicos, especialmente a Suecia.