La joven saharaui Rachida Amaador, de 32 años, lleva una semana retenida en el aeropuerto de Barajas tras ver denegada su solicitud de asilo y ahora teme repetir el destino de su sobrino, que fue devuelto a Marruecos tras llegar a Canarias en patera en 2019 y ahora cumple 12 años en una cárcel marroquí.
"Solo pido protección y, si no me la dan, que me expulsen a otro país, pero a Marruecos no", señala la joven en una entrevista telefónica con la Agencia EFE desde la sala de asilo de la Terminal 4.
Llegó el 20 de septiembre en un vuelo desde Marrakech huyendo de las autoridades marroquíes; pidió protección internacional pero el Ministerio del Interior se la ha denegado y está a la espera de un reexamen de su caso, que permita una admisión a trámite de su petición, con lo que podría entrar en España.
A pesar de que ha sido una semana muy dura para ella, mantiene la esperanza: "Creo que España es un país que respeta los derechos humanos", razona.
Lleva siete días sin poder ducharse ni cambiarse de ropa, alimentándose a base de pan y agua -según relata, la comida es "malísima" y no es halal, por lo que no puede comerla- y comparte una habitación que debería ser para tres personas con otras siete.
Amaador es tía de Husein Bachir Amadour, un activista saharaui que llegó a España en patera en 2019 y fue devuelto a Marruecos, donde fue condenado a 12 años de cárcel.
Fue procesado por "homicidio premeditado" en relación a la muerte en 2016 de un joven durante unos enfrentamientos entre facciones estudiantiles, según la sentencia del caso publicada entonces por medios marroquíes y confirmada por EFE de la base de datos judicial de Marruecos. El Frente Polisario, sin embargo, denunció en su momento que Bachir fue encarcelado por su activismo político.
Rachida trabajaba como funcionaria en la ciudad de Guelmin y su calvario comenzó precisamente cuando intentó visitar a su sobrino en la cárcel; se lo impidieron y ella se manifestó para protestar por ello, lo que acabó, explica, con su detención y tortura por parte de las autoridades marroquíes.
Ahora teme seguir los pasos de su sobrino: "Tengo miedo de que me condenen en Marruecos porque mi madre solo me tiene a mí y sufriría mucho", explica.
Ella es una de los 35 saharauis retenidos en Barajas que han pedido protección internacional, les ha sido denegada, y están al borde de la devolución, como ya ha ocurrido con dos de sus compatriotas en las últimas semanas, según ha relatado a EFE la abogada de varios de los solicitantes, Fatim El Galia.
Enntre ellos hay siete mujeres, un niño de un año que padece una enfermedad y otra de uno y medio que ha desarrollado en los últimos días una alergia por la que ha tenido que ser atendida en el Hospital La Paz. Una de las mujeres estaba embaraza y ha sufrido un aborto, por la que también fue trasladada al hospital y llevada de vuelta al aeropuerto.
Según El Galia, todos han denunciado haber recibido presiones de las autoridades marroquíes; algunos, como Rachida, son familiares de conocidos activistas saharauis y/o jóvenes pertenecientes a asociaciones estudiantiles movilizadas por la causa.
Fuentes del Frente Polisario han confirmado a EFE que algunos de los solicitantes retenidos son, efectivamente, jóvenes activistas que han participado en manifestaciones por la soberanía del Sáhara Occidental.
En opinión de la letrada El Galia, Interior ha llevado a cabo "una denegación generalizada" de las solicitudes sin llevar a cabo un estudio individualizado a pesar de que estos han sido "suficientemente documentados" y "bien probados", dando lugar a "respuestas idénticas" en la mayoría de los casos.
Al menos diez de los saharauis retenidos en Barajas han recurrido a la Audiencia Nacional para pedir de forma urgente que revoque su devolución, pero en todos los casos el tribunal lo ha rechazado, ha informado esta letrada.
Algo muy habitual en este tipo de casos, explica, ya que la Justicia no suele entrar en el fondo del asunto sino en cuestiones más técnicas, relativas al procedimiento.
El abogado Eduardo Ranz asiste a otros cinco saharauis de los retenidos en Barajas y coincide en que todos tienen "un perfil clarísimo".
Son jóvenes que han participado en revueltas pacíficas organizadas por estudiantes universitarios para defender sus derechos como saharauis, han sido detenidos y/o agredidos por las autoridades marroquíes y, tras su puesta en libertad, han sido amenazados con posibles ataques a su familia o con alistarles en el ejército.
Todos manifiestan sufrir persecución política y algunos de ellos han podido aportar pruebas como fotografías, informes médicos o tienen en su propio cuerpo señales o cicatrices de las agresiones sufridas, lo que, en su opinión, demuestra que existen "motivos humanitarios" para solicitar protección en el país.
