La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha concluido, tras ocho meses de trabajo, el diagnóstico en el que se basará el primer Plan Estratégico para erradicar los asentamientos en las provincias de Almería y Huelva, que contiene 79 propuestas en todas las áreas de intervención.
La consejera del ramo, Loles López, junto con el director general de Políticas Migratorias, Jesús Toronjo, ha presentado este viernes en rueda de prensa los resultados de ese diagnóstico previo, en cuyo proceso de elaboración se han creado hasta diez mesas sectoriales.
De este modo, han explicado, que este estudio cuenta con 79 propuestas en todos los ámbitos: área urbanística y vivienda, inclusión social, del ámbito jurídico, relativas a la comunicación y sensibilización, así como del área de intermediación sociolaboral, de carácter medioambiental, de perspectiva de género y otras con enfoque de derechos humanos y emergencia social, entre otras.
Se trata de un trabajo que ha supuesto, como ha explicado la consejera, más de ocho meses de trabajo, más de 50 instituciones convocadas y consultadas, más de 1.000 horas de consultoría técnica y más de 125 propuestas específicas de intervención.
La unidad, una necesidad
"Es un trabajo duro y necesita unidad", ha continuado la titular de Igualdad, quien ha añadido que "no se trata solo de erradicar asentamientos chabolistas sin más, sino de dar una respuesta a estas personas con alojamientos dignos e itinerarios sociolaborales que les permitan tener sus propios proyectos de vida, porque hablamos de personas".
López ha hecho hincapié en la importancia de construir un modelo de convivencia más integrador, tolerante y solidario y por eso, ha subrayado, que el Gobierno tiene que "implicarse a fondo" al tener competencias directas en esta materia.
"La Junta de Andalucía ha tomado cartas en el asunto y se ha implicado desde hace un año en la elaboración de este plan" y se requiere que "el Gobierno se implique de verdad y a fondo porque de lo contrario no se podrá acabar con los asentamientos", ha dicho.
Toronjo ha explicado que este estudio ha tenido, en primer lugar, una fase de conocimiento y una segunda de consulta en la que han participado representantes de administraciones públicas y todos los agentes sociales, lo que da una muestra de que es "un análisis participado y consensuado".
La Junta "no puede estar de manos atadas" sino que necesita que el Gobierno "se involucre" para ser "no un mero ayudante, sino una parte necesaria y fundamental" para acabar con los asentamientos, como ha añadido el director general.
Asentamientos onubenses
López ha señalado que todo este trabajo ha permitido tener una radiografía de la situación que se da en los asentamientos de Lepe, Moguer y Lucena del Puerto, donde viven de manera permanente más de 390 personas, según los censos elaborados por los ayuntamientos y que se corroboran con los datos del Servicio de Emergencias 112.
Así, para contar con las cifras actualizadas, estos censos se volverán a elaborar en este año y la importancia de los mismos es que "no solo se contabiliza el número sino que se añade información sobre la situación administrativa y personal de cada persona" al objeto de conocer en detalle la situación.
Este estudio previo indica que en Lepe, por ejemplo, de 2022 a 2024 se han reducido de 17 a nueve los asentamientos y en Moguer de 15 a seis.
En este punto, hay que recordar la adjudicación por parte de la Junta de subvenciones, con cargo a fondos europeos, por valor de 3,4 millones para recursos públicos para la atención residencial de las personas migrantes, de las que se han beneficiado los ayuntamientos onubenses de Lepe, Moguer y Lucena del Puerto y Níjar (Almería).
En Andalucía, la existencia en algunos municipios de asentamientos informales e infraviviendas asociadas, donde residen personas de origen migrante, es una situación de al menos los últimos 25 años y que impacta especialmente en Almería y Huelva, aunque no son las únicas que tienen esta realidad.
