El exmarido de Lucía Garrido, que fue hallada flotando en la piscina de su finca en Alhaurín de la Torre en 2008, será juzgado de nuevo acusado de un delito de asesinato por un jurado popular en octubre de 2023 en la Audiencia Provincial de Málaga.

Fuentes judiciales han informado a EFE de que el juicio está señalado para el 23 de octubre y que en el banquillo de los acusados se sentará el presunto autor material, A.V.G, y la expareja, M.A.H.,como cooperador necesario.

El fiscal ha presentado un nuevo escrito acusatorio después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ordenara repetir el juicio respecto a dos de los cuatro acusados.

En febrero de 2020, el TSJA anuló las absoluciones de estos dos procesados, que fueron dictadas por un tribunal de jurado de la Audiencia Provincial de Málaga y solo mantuvo la de los otros dos acusados, los guardias civiles.

En este nuevo juicio habrá un tribunal de jurado y magistrado presidente diferente y en el nuevo escrito acusatorio del ministerio público, al que ha tenido acceso EFE, no aparecen como acusados las dos personas cuya absolución ordenó el alto tribunal andaluz y que luego ratificó el Supremo.

A los dos procesados se les acusa de un delito de asesinato. Al presunto autor material se le pide una pena de 23 años y seis meses de prisión y para el exmarido 25 años de cárcel, al estimarle la circunstancia agravante de parentesco.

El ministerio público mantiene que el exmarido maltrató a su pareja mientras duró su relación y que ambos estuvieron residiendo en la finca "Los Naranjos" junto a su hija menor hasta que tras su separación, el juez le dio a la mujer la guarda y custodia de la hija en común y el uso de la vivienda familiar.

Hasta ese momento el acusado había usado la finca para sus negocios, relacionados con la cría de animales de compañía y con la custodia de animales salvajes o exóticos, que eran allí acogidos tras su decomiso en aduanas o intervenciones policiales.

Aunque, según el fiscal, tras "ese tinglado se solapaban actuaciones ilícitas", tales como el tráfico ilícito de especies de fauna protegida o la ocultación de drogas que le eran confiadas por organizaciones de delincuentes, hechos que no son objetos de este procedimiento.

Tras la separación el acusado se mudó a un cortijo cercano y se quedó a vivir allí, pero conservó el derecho al acceso al recinto "Los Naranjos" y el uso de las edificaciones no destinadas a vivienda.

El ministerio público destaca que a partir de ese momento Lucía Garrido "se convirtió en testigo directo y presencial de las actividades lícitas e ilícitas de su expareja".

El acusado no confiaba en ella y temía que lo denunciara por lo que le hizo varias ofertas que rechazó y entre tanto creció la enemistad entre ellos y se generó una situación de gran tensión porque se convirtió "en una auténtica amenaza para la impunidad de sus operaciones ilícitas, en particular la guardería de drogas".

Para neutralizar ese peligro alguien de su entorno delictivo le propuso acabar con la vida de su exmujer y contrataron a un sicario y aunque el acusado no estuvo en la reunión "propició o consintió su contratación".

El ministerio público mantiene que la expareja mantuvo contactos con el sicario, de forma directa o a través de terceros, para informar de los movimientos de Lucía y le facilitó una llave de la finca y el 30 de abril de 2008, tras llegar la víctima a su vivienda, fue sorprendida por el sicario solo o en compañía de otros.

Tras golpearla en la cabeza con un ladrillo, la arrastró hasta al borde de la piscina, le clavó un cuchillo en el cuello que le seccionó la vena yugular y la arrojó a agua.