La Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga se ha personado como acusación popular en el caso por presunto maltrato de una perra de caza, con resultado de muerte, ocurrido en el año 2018.
La perra, llamada Rumba, fue llevada el 21 de febrero de 2018 por su propietario a una perrera Don animal de la localidad malagueña de Rincón de la Victoria, con el fin de entregarla, han informado fuentes de la Protectora de Málaga.
A la perra le faltaba una pata, que había sido amputada en 2017, debido posiblemente a un cepo, y también presentaba heridas recientes, y un día después de ser entregada fue dada en adopción.
Cuando la adoptante pasó a recoger a la perra, se la entregaron envuelta en una toalla que solo dejaba al descubierto la cabeza y, una vez pagada la adopción, la llevó a la clínica veterinaria del centro, donde se descubrió que estaba llena de heridas sangrantes.
La veterinaria le curó las heridas y no prescribió nada sobre curas o tratamientos, según la Protectora, por lo que la adoptante se la llevó a su casa y decidió llevarla al día siguiente a su veterinario, pero al despertarse ese día la perra estaba muerta.
La adoptante decidió practicarle la necropsia y en el informe se aprecian abundantes heridas, unas recientes y otras de tres o cuatro días de antigüedad.
Estas heridas habían sido causadas por mordiscos en peleas de perros y también por golpes con objetos contusos, es decir, por personas, han señalado las citadas fuentes que agregaron que "no tratadas, pudieron provocar que las heridas evolucionaran, liberando las toxinas, que provocaron la muerte de Rumba por fallo cardíaco".
Según la presidenta de la Protectora de animales de Málaga, Carmen Manzano, "a lo largo del procedimiento, hemos podido saber que al ser entregada Rumba, ni se la puso en perrera individual ni se trataron sus heridas y que tanto por el propietario como el dueño de la perrera eran conocido".
Ahora, el Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga, según fuentes de la Protectora, ha considerado que hay indicios suficientes en la causa en la que el colectivo proteccionista denuncia como acusación popular tanto a Don Animal como al propietario primero de la perrita.
No obstante, Manzano lamenta que aunque se ponga en marcha la causa, "el Ministerio Fiscal, nos deja solos como acusación, pidiendo la libre absolución de los acusados y la imposición de costas procesales a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga" pese a ser "una asociación sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública".
