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La “angustia” de los empleados ante el cierre del CIMI San Francisco de Asís

El 90% de los trabajadores participó en una asamblea para estudiar las distintas vías de actuación por el cierre de este centro ubicado en Torremolinos

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  • Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) San Francisco de Asís-La Biznaga de Torremolinos. -
  • Estudian la vía judicial o la negociación, mientras esperan noticias de reubicaciones
  • Aseguran que la Junta ha tomado esta decisión "sin tener en cuenta a los menores"

Entre “la angustia y la incertidumbre”. Este es el sentir general de los trabajadores del Centro de Internamiento de Menores Infractores San Francisco de Asís-La Biznaga, ubicado en Torremolinos desde 1942 y gestionado por la Administración autonómica desde 1984, ante la noticia de su cierre, que deberá hacerse efectivo antes del 1 de abril.

Durante la tarde del pasado martes, el 90% de los 110 empleados del centro participó en una asamblea para estudiar las distintas vías de actuación. “Planteamos la posibilidad de la vía judicial, pero es algo muy largo. También está la opción de la protesta, pero con la situación actual no lo tenemos claro. Estamos en vías de negociación con la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta de Andalucía para conocer dónde se nos reubicará”, explicaron Lola Camino, presidenta del comité de empresa del CIMI San Francisco de Asís, y Florencio Rojo, ambos del sindicato USTEA y educadores sociales en este centro.

Además, aseguran que la decisión se ha tomado “sin tener en cuenta a los menores”. “Málaga y Granada son las provincias andaluzas con más menores infractores. Este cierre supone que los chavales se tendrán que adaptar a otros compañeros, educadores y otras normas. También hay que tener en cuenta que muchas de las familias no tienen dinero para ver a sus hijos donde los hayan mandado y que por ley, tienen que estar lo más cerca de su provincia. En otras ocasiones hemos visto cómo padres no venían a ver a los hijos cuando disfrutan de muy pocas horas de libertad porque no les compensa”, detallan tras ser consultados por Viva Málaga.

En cuanto a sus nuevos puestos de trabajo, pasarán a formar parte de servicios de justicia juvenil, labores administrativas o en otras consejerías y los educadores sociales  podrán ser reubicados en centros de protección de menores. “La cuestión es que tendremos que hacer algo que no queremos, ya que queremos trabajar con menores. Es una lástima porque se está perdiendo todo lo público. Seguirán con los hogares hasta que al final todo quede en manos privadas", finaliza Lola.

La crítica del PSOE

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha criticado en una nota de prensa que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, “siga recortando y privatizando servicios públicos” como es este caso.

El también parlamentario andaluz del PSOE ha destacado que este centro estaba incluido dentro de una reforma integral para la que el anterior Ejecutivo de la Junta “ya había destinado 34.000 euros en los presupuestos andaluces de 2018, por lo que vamos a pedir explicaciones en el Parlamento de Andalucía”.

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