El constructor cordobés Rafael Gómez Sánchez, conocido como "Sandokán", ha podido sustituir la condena de seis meses de cárcel por un delito de cohecho activo que le impuso el tribunal del caso Malaya por la multa de 3.600 euros y el aplazamiento del pago de la multa de 150.000 impuesta en sentencia.
El pasado febrero, el tribunal ya anunció que sustituiría las condenas de cárcel a los condenados a penas inferiores a dos años de cárcel, en total dieciocho, si pagaban las multas impuestas en la sentencia.
Debido a ello, la defensa del constructor conocido como "Sandokán" por su parecido con el actor protagonista de la popular serie de los años 70 se reunió con los magistrados de la Sala para estudiar cómo iban a pagar la multa y así intentar conseguir sustituir su pena de cárcel por multa.
El Tribunal ha dictado un auto en este sentido y en dicha resolución se acuerda conceder la sustitución de la pena de seis meses por la multa de 3.600 euros que deberá abonar en el plazo de quince días, según el escrito al que ha tenido acceso Efe.
La cuota de la multa la ha fijado la Sala teniendo en cuenta la situación del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares.
El constructor también fue condenado a pagar una multa de 150.000 euros y para el abono de dicha cantidad la Sala le ha fijado un calendario de pagos que comienza este mes y finaliza en noviembre de 2016.
El tribunal le advierte en la resolución judicial de que si a lo largo de este periodo de tiempo se dejase de abonar alguna de estas cuotas, en su integridad, de forma injustificada a juicio del tribunal, "podrá acordarse el ingreso inmediato en prisión del penado incumplidor para que cumpla lo que quede aún de condena".
La Sala recuerda en la resolución judicial que el caso Malaya ha supuesto el enjuiciamiento de 95 personas por multitud de delitos entre los que destacan numerosos delitos de cohecho y blanqueo "con gravísimo perjuicio para las arcas municipales que resultaron esquilmadas".
Para los magistrados, con el caso Malaya se generó a los habitantes un "endeudamiento millonario al que ahora deben hacer frente" y se desarrolló en un ámbito generalizado de corrupción municipal.
Los numerosos supuestos de corrupción política en que se ha visto envuelta la sociedad española en los últimos tiempos, hasta el punto de generar un clima de indignación generalizada de los ciudadanos, hace a este Tribunal tener en cuenta que se tienen que cumplir las penas, se señala en el auto.
Por ello, los magistrados ordenaron que todos los condenados a penas superiores a dos años tenían que cumplir su pena de cárcel pero los penados a penas inferiores a dos años de prisión podían ser sustituidas, nunca suspendidas, por el pago de las multas.
En las reuniones que se están teniendo con los abogados defensores de estos penados se les pide "un esfuerzo real y proporcionado a sus ingresos, perdiendo sus bienes inmuebles y dinero efectivo que posean en cantidad suficiente para cubrir el pago de la multa".