La Policía Nacional ha desarticulado en Málaga un grupo dedicado presuntamente a la comisión de delitos contra el patrimonio. Así, se ha destapado un entramado societario y se ha detenido a cinco personas, cuatro hombres y una mujer de nacionalidad española, como supuestos autores de delitos de estafa, blanqueo de capitales y por pertenencia a organización criminal.

   Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de febrero tras la denuncia de un particular y han permitido esclarecer los hechos denunciados y localizar, hasta el momento, a seis afectados más, cuatro de ellos en Málaga y dos en la Comunidad Valenciana.

   Los arrestados, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, se prevalían de la situación precaria en la que se encontraban los socios o representantes de sociedades mercantiles declaradas en quiebra o con problemas financieros, para comprarles sus bienes inmuebles y/o sociedades mercantiles con pagarés a nombre de terceras personas o sin fondos.

   Los agentes pudieron comprobar que para estafar a estas personas, los presuntos autores, que conocían la situación económica de las víctimas potenciales, les proponían la compra tanto de la sociedad mercantil como de los inmuebles que poseían.

   Una vez llegaban al acuerdo, según la Policía Nacional, les pagaban mediante pagarés que nunca se hacían efectivos, ya que no tenían fondos. Posteriormente, estas ganancias eran recapitalizadas en bienes inmuebles o inversiones que les generaba un beneficio adicional.

   Durante las pesquisas los agentes descubrieron que este grupo poseía diversas oficinas utilizadas a modo de pantalla para cometer los delitos y comprobaron que no sólo actuaban en Málaga, donde defraudaron a cuatro personas, sino que su ámbito de actuación se extendía por la provincia de Córdoba y la Comunidad Valenciana.

EMBARGO DE 9 INMUEBLES POR VALOR DE 1,1 MILLONES

   Los agentes identificaron a los integrantes del grupo, los localizaron y los detuvieron en Málaga, a cuatro de ellos; y en Sevilla, al quinto. Tras los arrestos se han practicado cuatro registros en los que se han intervenido 11 equipos informáticos, varios reproductores de imagen y sonido, teléfonos móviles, 5.243 euros en efectivos y numerosa documentación pendiente de analizar.

   A petición de los agentes investigadores, la autoridad judicial que lleva el caso, ha autorizado el embargo preventivo de nueve inmuebles valorados en 1.100.000 euros, 15 vehículos valorados en 80.000 euros y el bloqueo de 32 cuentas bancarias.

   La operación ha sido desarrollada por agentes del Grupo Fraudes II, con la colaboración de los Grupos de Fraudes I, Delitos Tecnológicos y de Localización de Activos, de la Comisaría Provincial de Málaga.