La Junta de Andalucía, en cumplimiento del Plan General de Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo, tramitó durante el periodo 2009-2012 un total de 907 denuncias de disciplina urbanística y realizó más de 300 informes para corporaciones locales y a petición de jueces y fiscales. En estos cuatro años se ejecutaron tres demoliciones.
Así se desprende de una respuesta de la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, a una pregunta de los parlamentarios andaluces de IU por Málaga, José Antonio Castro y Dolores Quintana, solicitando información acerca de la actividad inspectora de la Junta en esta materia en la provincia malagueña.
En cuanto a las denuncias gestionadas, se establece que de cada una de las recibidas se remitió oficio a los ayuntamientos de requerimiento del ejercicio de las competencias municipales en materia de disciplina urbanística.
Asimismo, en la relación de colaboración con las entidades locales se llevó a cabo la prestación de la asistencia técnica necesaria para el ejercicio de las competencias propias municipales en materia de disciplina urbanística.
De este modo, en 2009 se llevaron a cabo 136 actuaciones; 229 en 2010; al año siguiente, 243, y un total de 299 en 2012, según se refleja en la citada respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press.
Respecto a los informes elaborados para corporaciones locales, en respuesta a las consultas realizadas en cuanto a aspectos relacionados con el Decreto 60/2010, que aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística, y con el 2/2012 por el que se da el visto bueno al régimen de asentamientos y edificaciones en suelo no urbanizable, fueron 49: dos correspondieron al ejercicio de 2009; un total de 15 a 2010; al año siguiente, 21, y 11 al próximo.
De igual forma, desde el Ejecutivo andaluz se realizaron 262 informes a petición de jueces y fiscales en procesos penales por delitos contra la ordenación del territorio, así como también sobre la incidencia que podía tener el Decreto 2/2012 sobre las actuaciones objeto de investigación.
De todos esos informes, 68 se elaboraron en 2009; al año siguiente, 62; un total de 84 en 2011, y 48 en 2012. Asimismo, durante ese periodo se ejercieron funciones de peritaje mediante el nombramiento de peritos por parte de la Fiscalía en determinados procedimientos penales de especial trascendencia.
Por otra parte, se informa también de que en estos cuatro años se instó a ayuntamientos a la revisión de oficio de 98 actos o acuerdos locales incursos en causas de nulidad por infringir el ordenamiento urbanístico aplicable en el término municipal. En concreto, 70 corresponden a 2009; cinco a 2010; 11 a 2011, y 12 a 2012.
IMPUGNACIONES
En cuanto a las impugnaciones jurisdiccionales de licencias, fueron un total de 75, concentrándose la mayor parte, 54, en 2009. Al siguiente año hubo cinco, al igual que en 2011 y, por último, 11 en 2012, según la respuesta de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Según se precisa, de las 54 impugnaciones de licencias formuladas en 2009, un total de 53 correspondían al mismo municipio, al haber sido concedidas sin proyecto alguno y en contra de los informes jurídicos y técnicos municipales.
Acerca de las tres demoliciones llevadas a cabo en la provincia de Málaga durante este periodo, se trata de construcciones localizadas en parajes con la clasificación de suelo no urbanizable de especial protección.
Por último, los parlamentarios de la coalición de izquierdas preguntaron también por el número de ayuntamientos malagueños que tienen redactados los planes de inspección municipal, aunque desde la Consejería que dirige María Jesús Serrano se especifica que no se cuenta con una información exacta al no ser objeto de control por parte de su departamento.
