El comité emitió este fallo por una mayoría muy estrecha ya que de los siete jueces que estudiaban el caso, cuatro votaron a favor de la suspensión y tres en contra.
El juez supremo Schofield fue suspendido de su cargo en septiembre de 2007 tras el veredicto de un tribunal especial creado para investigar un total de 23 actuaciones realizadas entre los años 1999 y 2007, en las que cuatro de los más importantes despachos de abogados del Peñón ponían en entredicho su conducta. En noviembre de 2008 se presentó un informe al gobernador solicitando que el tema fuera remitido al comité.
Tras años de controversia en el mundo legal gibraltareño, finalmente se ha conocido la decisión del Privy Council, aunque habrá que esperar si el juez recurre ante los tribunales europeos.
