A la vista de lo que está ocurriendo, la Junta de Andalucía ha metido la pata con el decreto de exclusión social, a pesar de haberlo vendido a bombo y platillo para intentar aparentar lo que no es. Y ahora las consecuencias las están pagando las partes más débiles de la cadena: ayuntamientos y trabajadores. Porque, a día de hoy, nadie del PSOE ni Izquierda Unida a nivel andaluz ha salido a dar explicaciones de cómo pretenden arreglar el entuerto.
Ya se le advirtió desde los inicios que esta medida no solucionaría los problemas de los trabajadores en desempleo. Y ya se le advirtió, desde el principio, que no estaba bien estudiado y que acarrearía problemas. Sin embargo, hicieron oídos sordos y se dedicaron a criticar a aquellos ayuntamientos que denunciaron lo que podía ocurrir. Ahora esperamos que los que crearon el problema también aporten la solución.
En el famoso decreto, la Junta de Andalucía destinaba una cantidad de dinero a todos los ayuntamientos andaluces para que se realizaran contrataciones de personal que cumplieran unos determinados requisitos. El famoso decreto establecía una serie de parámetros que condicionaban estos contratos. Por un lado, debían ser de una duración entre 15 días y 3 meses; por otro lado, la cantidad máxima subvencionable por contrato y mes era de 1.000 euros. Y, por último, las contrataciones debían ajustarse a los convenios colectivos de los diferentes ayuntamientos. Aparte de lo anterior, todos los ayuntamientos debían soportar los costes asociados al contrato, como son el vestuario, los costes de materiales, los reconocimientos médicos y todo el trabajo administrativo de gestión de la documentación necesaria. Un alto coste que en ningún momento la Junta de Andalucía estaba dispuesta a aportar. Y por muchas advertencias que se le hicieron, no escucharon las voces de los ayuntamientos.
Y las consecuencias de este decreto envenenado se están sufriendo ahora. La mayoría de los ayuntamientos optaron por los contratos de mayor duración, tres meses. Al tener que contratar conforme a los convenios colectivos de los diferentes ayuntamientos, necesariamente, tenían que ser contratos de tiempo parcial, ya que se limitaba la subvención máxima por contrato y mes a 1.000 euros. Se sobrecargó al personal de servicios sociales que, como regla general, tuvieron que dejar a un lado su trabajo diario para atender toda la tramitación. Y lo más grave, las personas beneficiarias trabajaron durante tres meses pero, al ser a tiempo parcial, no sumaron los días de cotización necesarios para tener derecho a un subsidio tras la extinción del contrato. Un despropósito.
Ahora todos, ayuntamientos y trabajadores, esperamos que la Junta de Andalucía solvente la situación que ella misma ha creado con otro decreto, mejor estudiado y con más fondos, para eliminar los problemas que ha generado con este decreto envenenado. Hasta el momento, silencio absoluto. Deben dar la cara a los trabajadores como se está haciendo en los ayuntamientos y, de una vez por todas, plantear y ejecutar una solución justa al problema que ellos mismos han creado.
