“En Ajemsa no se hará ningún ERE”. La tajante afirmación de la alcaldesa, María José García-Pelayo, cuando informaba del inicio del expediente para sacar en concesión el servicio del agua hace poco más de una semana hizo que más de un trabajador de la sociedad municipal respirara tranquilo. No es para menos.
Estos empleados se han quitado de encima de un plumazo la incertidumbre que desde hace meses arrastran en las empresas municipales y más a sabiendas que es cuestión de días o de horas que la segunda lista negra vuelva a tener nombres y apellidos como ya ocurrió el pasado 20 de julio para 300 trabajadores del Ayuntamiento jerezano.
La tesitura en la que habrían quedado habría sido mucho más complicada si el Ayuntamiento no hubiera dado marcha atrás en sus planes de optar por la empresa mixta con participación minoritaria de capital privado (49%), pero al recuperar su idea original de la concesión, no hay peligro, al menos de momento.
La propia Pelayo les comunicó que la plantilla sería subrogada en su totalidad al igual que también ocurriría con la de Imesapi en una reunión en la que también estaba presente la Plataforma en Defensa de la gestión pública del agua el mismo día que una junta local de Gobierno extraordinaria aprobaba el inicio del expediente. Casi de manera automática, el comité de empresa de Ajemsa convocó a los trabajadores en asamblea en el centro de trabajo para explicarles el proceso, aunque, como indica José Manuel Martel, del comité de empresa, no había representación suficiente de la plantilla para pulsar su opinión al respecto por lo que se limitaron a trasladar las explicaciones que les había dado la alcaldesa.
En este sentido, desde el comité de empresa apelan a la “prudencia” ya que si bien es cierto que los trabajadores continúan en la coordinadora en defensa de la gestión pública del agua, tampoco pueden negar de que las connotaciones que implica sacar la concesión de este servicio en estos momentos tan complicados para la plantilla del Ayuntamiento “varían considerablemente” de hace unos meses, y más cuando los altos salarios de estos trabajadores (los directivos cobran de 73.000 a 119.000 euros al año como ya publicó Información Jerez) los colocaba en el ojo del huracán.
No obstante, Martel insiste en que tal subida de los sueldos no es tal como se piensa la ciudadanía y se debe a la antigüedad de los trabajadores, un filón al que se habían aferrado los empleados para librarse de los despidos. “En Ajemsa no tendría por qué ser traumático el tema del ERE si se tiene en cuenta que entre tres y 10 años la plantilla se habrá reducido al 50% porque hay más de 20 trabajadores por encima de los 60 años”, aclara Martel.
En cualquier caso, Martel tiene claro que en los tiempos que corren la incertidumbre de la plantilla “va a seguir”. “Tenemos el compromiso de que en el pliego de condiciones se van a respetar las condiciones laborales de los trabajadores, la carta de garantía que se aprobó en Pleno, pero también están los decretos que casi a diario está aprobando el Ejecutivo y que prevalecen sobre todo, quién sabe si nos puede afectar cualquier día de estos”. Tampoco hay que perder de vista que el resto de concesionarias están pendientes de la anunciada renegociación de un descenso de un 20% en los contratos con las empresas que avanzó en junio la alcaldesa, por lo que aún es pronto para saber si esta bajada salpicará también a la plantilla de Aguas de Jerez que en unos meses cambiará su modelo de gestión directo para depender de una empresa concesionaria durante 25 años.
Aunque desde el comité de empresa tienen claro que “por principios” los trabajadores siempre se van a mostrar partidarios de “lo público” frente a la privatización, también reconocen que los 90 despidos que van a afectar 90 empleados del grupo de empresas por el ERE son circunstancias que tampoco pueden pasarse por alto.Al margen de su situación “especial”, Martel ha asegurado que seguirán colaborando con el resto de sindicatos y con la plantilla “en la medida de nuestras posibilidades” en las protestas contra los despidos como han venido haciendo hasta ahora.
Quienes tienen un plazo de tres meses desde la firma del contrato para decidir si gestionan directamente el agua o entran en la concesión administrativa como así han decidido Nueva Jarilla (PSOE), El Torno (PSOE), San Isidro (PSOE) y La Barca (PP) han sido los alcaldes pedáneos de Torrecera (Foro Ciudadano), Estella (PA) y Guadalcacín (URJ), que están pendientes de los resultados de unos estudios que han encargado para ver su viabilidad.
